Junta de Control Fiscal no ha recibido propuesta para incentivo para empleados privados y pensionados

La Junta de Control Fiscal (JCF) no ha recibido una propuesta por parte del Gobierno para redirigir los $349 millones que se habían propuesto para un incentivo de $500 a empleados privados y pensionados, informó el portavoz de prensa del ente creado por la Ley Promesa, Edward Zayas.

El pasado 19 de mayo la Junta de Control Fiscal (JCF) rechazó la propuesta del Gobierno, tras una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez. Asimismo, el ente creado por la ley federal sugirió allegar el dinero propuesto a la ciudadanía a través de entidades no gubernamentales, y a sectores más vulnerables.

“La Junta de Supervisión está de acuerdo en que el Gobierno debe brindar un mayor apoyo a quienes más lo necesitan de una manera fiscalmente responsable. Como consecuencia, la Junta de Supervisión instó al Gobierno a concretar un plan para que las ayudas lleguen a los sectores más vulnerables de la población: aquéllos que por lo regular no son elegibles para recibir desempleo, a los que los reembolsos de fondos federales no llegan con facilidad y a los que necesitan mucho más apoyo. La Junta de Supervisión sugirió que la manera más eficaz de alcanzar esta población, que asciende a unos 200,000 habitantes, es mediante las organizaciones comunitarias u organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan incansablemente dentro de estas comunidades”, expuso la JCF en un comunicado a mediados de mayo.

Tras la decisión de la Junta, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero expuso durante una actualización del Task Force económico de WIPR que “nosotros entendemos que hay una obligación, un deber ministerial del Gobierno en identificar esa población más vulnerable para entonces poder allegar esos recursos”.

Mientras, al momento el Gobierno continúa a través del Departamento de Hacienda con el proceso de los incentivos propuestos en el plan de estímulo económico local, de $787 millones. Este fin de semana el Departamento de Hacienda inició la recolección de información de los profesionales de la salud.

Finalmente, el titular de Hacienda, Francisco Parés, informó en Twitter que “22,961 profesionales de la salud completaron el trámite correspondiente para recibir sus incentivos estatales”.

Junta dice que varios municipios tendrán que cerrar por crisis

En una reciente visita a Comerío, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko admitió que el trabajo del ente creado por PROMESA es buscar dinero para que el Gobierno le pueda pagar a los bonistas.

De acuerdo con el alcalde de Comerío, Josian Santiago esa fue la respuesta de Jaresko mientras discutían alternativas en su pueblo para solucionar la crisis fiscal que provocaría la eliminación en tres años de las transferencias del Gobierno como exige la JCF.

Aunque han tomado medidas como la implantación de reducción de jornada, reducción de gastos, y algunos casos ya han tenido que despedir empleados, Santiago y otros alcaldes anticiparon a este diario que eliminar las transferencias para el año fiscal 2022.

Tal parece que tanto la directora de la JCF y como el presidente del ente, José B. Carrión III, que han estado visitando municipios en los pasados meses como parte un proyecto piloto que impulsa la creación de consorcios regionales para reducir las responsabilidades fiscales de los gobiernos municipales, se mantienen inamovibles en el recorte de las transferencias del Gobierno pese al colapso de servicios esenciales que esta medida podría provocar.

Con las expresiones de Jaresko, por primera vez la JCF admite que su responsabilidad es buscar hasta debajo de las piedras, el dinero necesario para cumplir con los acreedores aunque se afecten los servicios a los ciudadanos.

“Ella (Jaresko) me dice a mí en su visita a Comerío: alcalde yo lo entiendo, le admiro por todo lo que están haciendo con tan poco presupuesto, pero yo vine a cobrar a nombre de todos los bonistas. Eso es un asunto que tiene que trabajarlo su gobierno”, indicó Santiago a este diario cuando se le preguntó cuál fue la respuesta de la JCF a los problemas presupuestarios que tendría Comerío de eliminarse las transferencias del Gobierno Central sin que se les releve de pagar las pensiones y las aportaciones al Plan de Salud del Gobierno como pretende la Ley 29.

La ley firmada por el pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares busca eximir a los municipios de dichas aportaciones que se utilizarían para crear un fondo que sustituiría las transferencias que ahora reciben. El caso está pendiente de resolver por la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, tras una demanda radicada por la JCF para que se anule el estatuto.

Un documento que NotiCel publicó en primicia identifica la dependencia de los municipios a estos fondos como uno de los riesgos que tiene el Gobierno para cumplir con el Plan Fiscal. La peor parte se la llevarían 17 de los 40 municipios que según el análisis de la JCF, las transferencias representan más del 40% de su presupuesto anual, por lo que el ente les ha requerido que sometan un plan de desarrollo económico en el que establezcan las medidas a tomar para sustituir -con sus ingresos- el dinero que dejarían de recibir en un plazo de tres años.

“No hay duda de que, si los recortes se mantienen, la nómina se va a afectar porque no hay forma. Si esto se mantiene, para el año 2021-2022 o 2022-2023 quedaríamos prácticamente inoperantes”, admitió el Alcalde de Comerío, tras cuestionar que no se hayan definido los servicios esenciales para salvaguardar hasta dónde se tira la raya en los recortes.

Para este ayuntamiento las transferencias representaron el 50% del presupuesto de poco más de $9 millones para el año fiscal 2019.

En esa misma situación, podrían estar Las Marías, Maricao, Orocovis, Florida, Barranquitas y Maunabo ya que ese dinero que reciben del Gobierno supone más de la mitad de sus respectivos presupuestos.

Por su ubicación geográfica y la ausencia de grandes comercios o zonas industriales estos municipios no tienen la capacidad de tener actividad económica que les genere ingresos propios, por lo que dependen del dinero que Gobierno Central le transfiere anualmente a los 78 municipios. Este dinero es distribuido proporcionalmente por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en lo que se conoce como el Fondo de Equiparación.

El Plan Fiscal Certificado contempla que para el año fiscal 2023 se habrá eliminado este pote -que en principio era de $360 millones y que actualmente es de $179 millones- y que recibirá otro recorte de $44 millones a partir del 1ro de julio de 2020. Su reducción se hará gradualmente hasta su eliminación al año fiscal 2023.

“Es bien fácil decirlo, pero difícil es estar en los pantalones de los que ofrecemos los servicios y tenemos que bregar con las necesidades día a día de nuestros ciudadanos. Ellos [la JCF] no tienen sensibilidad humana. Ellos nunca han estado en la pobreza”, expresó con frustración el alcalde de Maunabo, Jorge L. Márquez.

Márquez anticipó que, al igual que Comerío, su municipio no podrá operar a partir del 2022, ya que de un presupuesto de $7.8 millones anuales, $4.56 millones provienen del Fondo de Equiparación.

Tanto Comerío como Maunabo han hecho ajustes desde el 2017 cuando iniciaron los recortes en las transferencias que reciben del Fondo de Equiparación. Entre las medidas se encuentran la congelación de plazas, eliminación de gastos no esenciales y la reducción o eliminación de partidas y aportaciones a instituciones comunitarias, entre otros.

No obstante, continuar con la eliminación dispuesta en el Plan Fiscal, provocará reducción de personal, despidos y eventualmente la insolvencia ya que es imposible sustituir ese dinero con ingreso propio en tan corto tiempo. 

“No hay manera de ofrecer servicios. Nos van a llevar a la quiebra a los municipios. Garantizado, nos van a dejar sin fondos para operar”, insistió el Alcalde de Maunabo, al tiempo que cuestionó que cada vez son más las responsabilidades del Gobierno Central, como recogido de escombros en escuelas, mantenimiento de carreteras y servicios de salud que son asumidas por los ayuntamientos por falta de fondos estatales.

En el caso de Orocovis, el alcalde Jesús Colón Berlingeri proyectó que con la eliminación del Fondo de Equiparación tendría que despedir a dos terceras partes de su personal, lo que hará prácticamente imposible ofrecer servicios. Recordó que actualmente el municipio cuenta con 240 empleados y 40 contratistas de propuestas federales luego de que en el 2017 tras el primer recorte de $175 millones en ayudas a municipios, tuviera que cesantear a 125 empleados e implantara un recorte de 1/2 hora de jornada diaria a todos los trabajadores, incluyendo al alcalde. De eliminarse el pote, se pondría en riesgo programa de Head Start que el municipio ofrece a ayuntamientos vecinos como Corozal, Barranquitas y Orocovis.

Para evitar el precipicio fiscal municipal, Colón Berlingeri planteó que el CRIM se encuentra trabajando junto al Gobierno Central para identificar el dinero necesario para liberar a los municipios de las aportaciones que anualmente hace al sistema Pay-Go y al Plan de Salud del Gobierno como aprobado en la Ley 29. Aunque la JCF ha demandado al Gobierno para evitar que esta ley entre funciones, el alcalde se mostró optimista en que se puedan identificar los fondos recurrentes que permitiría contar con el aval del ente creado por PROMESA.

“Tengo fe de que se va a resolver y que podremos identificar el dinero para nutrir el fondo”, aseguró el Alcalde de Orocovis, quien forma parte de la junta del CRIM.

Una situación similar ocurre en el municipio de Florida en el que el Fondo de Equiparación representa el 54% de su presupuesto. Desde que iniciaron los recortes, el alcalde José E. Gerena implantó una reducción de dos días mensuales de la jornada laboral, en gastos operacionales, contratos de servicios profesionales y gastos de utilidades. Además, la administración municipal aseguró que ha tomado medidas adicionales para aumentar la fiscalización del impuesto sobre ventas y uso (IVU), para allegar más recaudos. Aun así, el director interino de la Oficina de Finanzas de Florida no quiso anticipar si podrían continuar operando de eliminarse la subvención en su totalidad.

Los alcaldes entrevistados coincidieron en que los municipios ofrecen servicios directos a la ciudadanía por lo que es necesario buscar alternativas para que prevalezca la Ley 29.

Importante suceso para Puerto Rico en el Supremo

En un día considerado decisivo para Puerto Rico, los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos escucharán hoy los argumentos orales en el caso que cuestiona la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta Federal de Control Fiscal.

El pasado 15 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston había declarado que dichos nombramientos eran inconstitucionales, ya que no fueron confirmados por el Senado federal, pero no invalidó las decisiones de la junta.

La sesión, en la que se argumentarán varios casos consolidados —Junta v. Aurelius Investment, Aurelius Investment v. Puerto Rico, Comité Oficial de Acreedores v. Aurelius Investment, Estados Unidos v. Aurelius Investment y Utier v. Junta Fiscal— tendrá una duración de 80 minutos. En la misma se considerarán dos preguntas: la primera, si las designaciones son inconstitucionales al violar la cláusula de nombramientos de la Constitución federal y la doctrina de separación de poderes, ya que no contaron con el consejo y consentimiento del Senado estadounidense.

Además, los jueces analizarán si son válidas las decisiones de la junta, ya que fueron tomadas por funcionarios federales que ocupaban inconstitucionalmente sus cargos. De declararse inconstitucionales dichas decisiones, las negociaciones y los diversos acuerdos a los que ha llegado la junta con varios comités de acreedores y otras entidades carecerían de validez.

Este es el tercer caso relacionado con Puerto Rico que el Tribunal Supremo federal acoge en los pasados tres años. El primero fue ELA v. Sánchez Valle, en junio de 2016, que determinó que Puerto Rico no tiene soberanía separada para efectos de la doble exposición en casos criminales. En ese mismo mes, el más alto foro federal declaró inconstitucional la llamada “Ley de Quiebra Criolla” aprobada en 2014.

“Ahora la corte es confrontada directamente con la validez constitucional de un estatuto federal relacionado con Puerto Rico, en relación con la composición de una junta creada por el Congreso. Y si es inválida, ¿se invalidan las acciones en el transcurso de estos tres años, en cuanto a la quiebra más grande en la historia de los Estados Unidos?”, señaló ayer en un foro en Washington el experto en Derecho Constitucional y catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos Gorrín Peralta. Añadió que el Supremo federal nunca ha invalidado una ley federal relacionada con Puerto Rico.

Un elemento ausente de esta discusión, reiteró Gorrín Peralta, es que por más de un siglo solo algunas disposiciones de la Constitución federal aplican a Puerto Rico, al ser un territorio no incorporado de los Estados Unidos.

“Independientemente de la decisión en el caso, el estatus colonial de Puerto Rico continuará y el Congreso aún tendrá los poderes plenarios que tiene ahora, tal vez constitucionalmente lijado para que no sea tan descaradamente áspero para las actuales sensibilidades políticamente correctas. Tal vez algunos podrían dormir mejor por las noches sabiendo que ahora tienen colonias que el Congreso debe gobernar sin violar la cláusula de nombramientos, el requisito del consejo y consentimiento y la seguridad de la separación de poderes”, sostuvo.

Según el catedrático y experto constitucionalista, aquí “no hay ni mejor ni peor escenario. Cualquier decisión solo reiterará lo peor: la ignominia de un régimen colonial en abierto conflicto con los fundamentos ideológicos de esta república (de los Estados Unidos), del constitucionalismo moderno y las normas de derechos humanos internacionales, específicamente el derecho de los pueblos a su autodeterminación e independencia, con la obligación afirmativa inherente del poder colonial a respetar y promover la autodeterminación.

“Esto es lo que debería preocupar a los académicos del Derecho, y no las sutilezas del nombramiento de oficiales coloniales con el consejo y consentimiento del Senado bajo la doctrina de separación de poderes”, concluyó Gorrín Peralta.

JCF busca transparencia fiscal en los Municipios

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, insistió durante una visita a los municipios de Barranquitas y Aibonito, que alrededor de 40 municipios enfrentarán serios problemas económicos por lo que pidió más responsabilidad y transparencia fiscal en los ayuntamientos.

“Más de 40 municipios podrían enfrentar un cuadro económico sumamente difícil debido a limitaciones fiscales y retos en un futuro cercano”, dijo Carrión, tercero en declaraciones escritas.

“Los municipios son las entidades gubernamentales más cercanas al pueblo y, por consiguiente, es importante mantenernos en contacto con sus líderes. Estamos trabajando en un objetivo común: buscar la manera para mejorar la responsabilidad y transparencia fiscal en los municipios”, añadió.

Sus expresiones surgen tras una visita que realizó junto a la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko a los municipios de Barranquitas y Aibonito, dos de los municipios que forman parte de un proyecto donde la JCF designó los 78 municipios de la Isla como instrumentalidades cubiertas bajo la ley federal PROMESA.

Primeramente, se estableció el programa piloto que, además de Barranquitas y Aibonito, incluye los municipios de Cidra, Comerío, Camuy, Isabela, Quebradillas, Orocovis, San Sebastián y Villalba.

“Somos conscientes de los desafíos fiscales que enfrentan los municipios y estamos dispuestos a brindar apoyo, encontrar formas de aumentar los ingresos y hacer que la recaudación de impuestos sea más eficiente”, dijo Jaresko.

Según Carrión, tercero, Aibonito y Barranquitas participan en una asociación de servicio compartido con un grupo de municipios conocidos como el Consorcio ABC. Este consorcio fue creado para integrar y mejorar el proceso de permisos y, por lo tanto, promover el desarrollo económico, y ya ha demostrado ser sumamente beneficioso para las empresas y los residentes en esta área. Los dos municipios también participan en un consorcio conocido como el Programa de Servicio de Tránsito Regional para la Región de la Montaña Central que también incluye a Orocovis y Comerío, y se encuentra en la etapa de planificación y estudio de viabilidad a través de una subvención de la Administración Federal de Transporte (AFT).

“Estos programas son sumamente importantes debido a que muestran el camino a seguir para los municipios de Puerto Rico”, señaló la directora ejecutiva del ente federal.  

Carrión, tercero y Jaresko sostuvieron reuniones con funcionarios municipales, comerciantes, líderes comunitarios, entre otras partes interesadas, para enfatizar la importancia de mejorar prácticas presupuestarias y aumentar los ingresos que reciben las arcas municipales. También visitaron proyectos que promocionan el desarrollo económico en la zona, la colaboración entre los municipios y mayor accesibilidad a los servicios educativos.

PUEBLO UNIDO LLAMA A VOTAR NO A LOS ACUERDOS CON LA JUNTA

Pueblo Unido, anunció su rechazo a los acuerdos alcanzados entre el sindicato Servidores Públicos Unidos (SPU) y la Junta de Control Fiscal (JCF).  SPU, que agrupa sobre 10 mil servidores públicos, está en estos momentos efectuando elecciones por correo para que sus miembros ratifiquen o rechacen estos acuerdos.

 “Con estos acuerdos, la Junta pretende dividir al pueblo entre distintas categorías de acreedores, en donde cada sector se somete a entregar parte sustancial de sus derechos y beneficios adquiridos a cambio de migajas y de apoyar públicamente la gestión de la Junta en cuanto a la implantación de los Planes de Ajuste que esta entidad dictatorial quiera imponer.” señaló Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER y portavoz de Pueblo Unido.

Recientemente la JCF aprobó un acuerdo con los bonistas de la AEE que aumentaría las tarifas de electricidad por los próximos 48 años. La JCF también apoya recortes del 8.5% a las pensiones y avaló un acuerdo con los bonistas de COFINA que conlleva el pago de Impuesto al consumo (IVU) de por lo menos 11.5% por los próximos 40 años.

Según el líder sindical, estos acuerdos también incluyen el recorte de más del 50% de los ahorros generados por los intereses del Retiro 2000, ya que su oferta es pagar solo la cantidad que depositaron de sus bolsillos en esas cuentas de ahorro los trabajadores y trabajadoras, y renunciar a los intereses que debieron acumular a lo largo de hasta 18 años. Junto al de los Bonos de Obligación General, los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora favorecen a los bonistas a costa de imponer una carga onerosa al pueblo y al presupuesto del País, provocando una insuficiencia de fondos mayor de la que tienen importantes agencias como la de Salud, Educación, la UPR y otras agencias de servicios esenciales. 

“No se puede negociar primero el pago a los bonistas y la entrega de los derechos laborales para luego esperar que sobre algo para reconstruir el País y garantizar los servicios esenciales de nuestro pueblo”, enfatizó la licenciada Eva Prados, portavoz de Pueblo Unido.

El llamado unánime de quienes componen Pueblo Unido es a que los empleados públicos cubiertos por este acuerdo voten NO.  Las votaciones ya comenzaron y culminan el 17 de julio de 2019, por lo que cada unionado de SPU se debe asegurar haber recibido por correo las instrucciones y documentos necesarios para votar.  De no haber recibido la correspondiente documentación debe llamar a SPU de inmediato.

“Exhortamos a cada trabajador y trabajadora afectado por los acuerdos entre la Junta y SPU a votar NO.  Si aceptamos estos acuerdos mañana vendrán por más.  La deuda que no ha querido ser auditada ni cuestionada en cuanto a su legalidad y legitimidad, no puede ser pagada a costa del sacrificio de la clase obrera,” añadió Prados.

 “Reiteramos nuestra disposición de enfrentar este y los demás ataques de la Junta contra la clase obrera.  Tenemos soluciones para la crisis, y estas comienzan con medidas de austeridad para los sectores que se han beneficiado con el endeudamiento público, como son los bancos y los políticos”, concluyó Figueroa Jaramillo

Junta espera que gobierno central acepte su plan fiscal

La directora ejecutiva de la JSF Natalie Jaresko, cuenta con que la administración de Ricardo Rosselló adopte su presupuesto y no vayan a tribunales para discutir el mismo.

La JSF oficialmente certificó su plan fiscal para el año 2019-20, en cual incluye una serie de partidas para el pago de pensiones y varios recursos para el pago de la deuda.

Sin embargo, este plan no incluyó ninguna partida para el pago del bono de navidad, tampoco para el pago del plan de salud y para el pago de pensiones que le corresponden a los Municipios.

Así que, este plan fiscal emitido por la JSF no reconoció la ley 29 establecida este año para eximir a los municipios del pago de “Pay Go” y el plan de salud vital.

Jaresko señaló que aunque que Roselló valla a tribunales a exigir que enmiende y se incluya una partida para el pago del bono de navidad, el ente fiscal no lo aprobará.

“Si ellos (el gobierno) hacen una petición para el bono de Navidad, no se aprobará porque no es parte del plan fiscal”, dijo Jaresko, cuando se le preguntó si el gobierno podría solicitar que se reasignen fondos a otros gastos.

Abogado de los Bonistas desmiente al JFC

El Lcdo. Susheel Kirpalani, quien representa legalmente a un grupo de bonistas junto al Bufete Quinn Emanuel expresó en una entrevista televisiva que no es necesario el recorte a los pensiones de los retirados ya que las pensiones son importante para la economía del país.

vea la entrevista aquí: https://www.bnnbloomberg.ca/investing/video/puerto-rico-unveils-35-billion-restructuring-plan-to-exit-bankruptcy~1709426

Supremo evalúa petición de la UTIER

El Tribunal Supremo decidió examinar la petición emitida por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, para invalidar las decisiones la JFC, luego de que su nombramiento se declarara inconstitucional por el Primer Circuito de Boston.

En la petición también se exige el que se elimine el plazo del 15 de julio de 2019 para que la junta continue su operación hasta que el Senado Federal corrobore el nombramiento.

“Radicaremos este recurso de certiorari para que el Tribunal Supremo haga cumplir su propia jurisprudencia. El mismo tribunal federal ha determinado en casos previos que cuando se determina que el nombramiento de un funcionario público se declara inconstitucional, porque se viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal, sus acciones y decisiones previas son declaradas nulas y se revocan. A pesar de que el Tribunal de Apelaciones en Boston declaró inconstitucionales sus nombramientos, no anuló las decisiones de la Junta. Esto es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER en una comunicación escrita el pasado 4 de junio.

“También pedimos en este recurso que se deje sin efecto el plazo de 60 días que se añadieron a los primeros 90 días concedidos para que la Junta siga funcionando en lo que se ven sus nombramientos, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. La representación legal de nuestro sindicato, el licenciado Emmanuelli Jiménez y la licenciada Méndez Colberg, ya tienen el recurso listo para ser radicado mañana en horas de la tarde en el Tribunal Supremo Federal. Seguiremos demostrado que, si los nombramientos de la Junta de Control Fiscal son ilegales, ilegales también son sus acciones”, había dicho Figueroa Jaramillo.

Magisterio rechaza acuerdo con la JFC

La Federación de Maestros de Maestro de Puerto Rico junto con la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación celebraron el sábado, el rechazo del magisterio ante el acuerdo entre la JFC y la Asociación de Maestros.

La presidenta de la Federación, Mercedes Martínez Padilla, aseguró que “el rechazo del magisterio al acuerdo negociado por la AMPR- AFT es el primer gran golpe a la Junta y sus medidas para llevar a la miseria a nuestra gente. El ente, sin ser electo, pretende imponer medidas de austeridad extrema sobre los trabajadores y sectores vulnerables del pueblo, mientras le entregan el país a un puñado de empresarios inescrupulosos. A esas intenciones el magisterio dijo NO. Los trabajadores, los maestros, los jubilados, en fin, el pueblo, somos primero que la deuda”.

Sin embargo, la presidenta de la AMPR, Aida Diaz advirtió que no se sabe que le depara el futuro de los maestros ante la decisión de rechazar el acuerdo con la Junta.

“Aquí ganaron los bonistas que se llevaron un billón de dólares. Perdieron los maestros por confiar en los que siempre se oponen a lo que uno consigue. Yo no sé cuál va a ser el futuro, yo no sé lo que les depara. Ahora, el gobierno que responda. Ellos le prometieron. Tienen que cumplir. Tienen que garantizar ese 75 por ciento (de la pensión a los maestros)”, dijo Díaz en entrevista radial (WKAQ).

Acuerdo de la AEE detenido por Swain

La jueza Taylor Swain, expresó el día de ayer, no estar convencida sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda pactado por la Autoridad de Energía Eléctrica ya que entiende que falta información y argumentos que sustenten el mismo.

Swain, expresó que el acuerdo carece de falta de transparencia e información pertinente para poder entender si es razonable el acuerdo.

Ante esta situación la jueza otorgó un plazo hasta el 19 de junio para que el gobierno entregue la información necesaria para continuar con el proceso. Como parte de la información exigida por el tribunal se encuentran, regulaciones que le afectan, impactos a terceros y no litigantes, y su base legal.

Esta información es importante para que la corte pueda decidir si tiene autoridad para aceptar un acuerdo que modifica la deuda de la corporación, imponer cargos a los abonados y requiere legislación para ejecutarlo.

Por otro lado, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) volvió a ratificar su oposición al acuerdo. Su abogada, Jessica Méndez, aseguró que más allá de reestructurar, altera considerablemente las prioridades e intereses de los unionados y coincidió con la corte sobre la falta de información.

Frente a la oposición de algunas partes al acuerdo, Swain decidió que las mociones continuarán vigentes en el expediente hasta recibir la información que necesita del gobierno. Sin embargo, recalcó que esto no significa que se considerarán como admitidas. Determinó también, que tanto el gobierno como la junta federal deberán entregar a los opositores cualquier información que radicarían relacionada al acuerdo para el próximo viernes.