CPT apoya a trabajadores de AEE en la lucha para combatir la privatización

San Juan – La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) expresó su “rechazo al contrato de $1,500 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy y se unió a los trabajadores de la UTIER, la UITICE y la UEPI para participar de las acciones necesarias en contra de la privatización de la AEE y de los que buscan generar ganancias desangrando el bolsillo del pueblo.

El Presidente de la CPT, Emilio Nieves Torres, señaló que “es evidente la intención de LUMA para generar ganancias, no mejorar el servicio al pueblo. Para LUMA su prioridad no es analizar las necesidades de nuestro sistema eléctrico y los pasos encaminados hacia la energía renovable. Ya reconocieron públicamente que su prioridad es analizar los ingresos y gastos de la corporación pública. De este modo quieren identificar su margen de ganancias. A esto se añade, que LUMA puede solicitar una revisión tarifaria, lo cual abre la puerta a aumentos en la factura de la AEE y esto implica aumentos en cadena en todos los reglones de consumo y servicios que necesita el pueblo.”

Nieves Torres añadió que “este contrato entre la AEE y LUMA es un asalto al bolsillo del pueblo que pretende durar 15 años, lo cual podría convertirse en un aumento escalonado y anual. La realidad objetiva es que toda privatización encarece los costos de los servicios. Ha sido evidente en las telecomunicaciones, la salud, los peajes y el aeropuerto, entre otros. Los servicios esenciales no pueden privatizarse, sino administrarse con transparencia y en coordinación con los trabajadores que tienen la preparación y la experiencia para la transformación de la AEE.”

Como educador, Emilio Nieves puntualizó que el contrato con LUMA desplaza la política pública de movernos hacia la energía renovable. “El gobierno se ha caracterizado por educar en las escuelas públicas y las universidades para la transformación de energía fósil a energía renovable, pero ejecutan acciones contrarias a esa educación. Es decir, el gobierno traiciona lo que se enseña en el sistema educativo y se une a los que buscan continuar con el negocio para generar ganancias con carbón, petróleo y gas. El Puerto Rico que tenemos que construir tiene que dirigirse, sin desviarse, hacia las fuentes de energía renovable: solar, eólica, entre otras.”

“Tenemos que unirnos a los trabajadores de la AEE para detener no solo la privatización de energía eléctrica, sino descartar la visión neoliberal del gobierno y de la Junta de Control Fiscal que persiguen privatizar otros servicios esenciales como el servicio de agua y la educación,” concluyó el líder sindical.

Empleados de Hacienda reclaman bono por labores en medio de la pandemia

Empleados del Departamento de Hacienda pidieron a la gobernadora Wanda Vázquez se les incluya en las bonificaciones otorgadas a los empleados que han trabajado durante la emergencia del Covid-19.

Asimismo, le exigieron al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, a pagar el bono de productividad que alegaron se les adeuda desde el 2012 y a discutir con el sindicato los protocolos para evitar el contagio del coronavirus en la agencia.

Al momento la agencia no ha precisado si hará el proceso a través de SURI, como lo ha hecho para el desembolso de otros incentivos federales y estatales

“Le estamos pidiendo a la Gobernadora, ya que está repartiendo dinero a todo el mundo, les dé a los empleados de Hacienda, que desde el día uno de declarada la pandemia están trabajando para que las personas reciban sus incentivos federales, la misma bonificación que se les ha otorgado a otros trabajadores que han laborado durante esta emergencia. ¿Cómo es posible que a los empleados que están día a día metiendo mano y desembolsando todas estas ayudas no los hayan tomado en consideración para esta bonificación?”, cuestionó Jessica Otero, presidenta Unión Empleados Hacienda, local 2373 de la Unión Auto Workers (UAW).

Destacan labores durante emergencia del COVID

La líder sindical explicó que estos empleados han continuado trabajando durante la pandemia con las radicaciones de planillas sobre ingresos, el desembolso de los reintegros y el desembolso de los incentivos federales y estatales que se han aprobado bajo la ley CARE Act.

Del mismo modo, Otero indicó que a los empleados del Negociado de Recaudaciones de Hacienda se les debe el pago del bono de productividad aprobado desde el 2012.

“El discrimen salarial con estos empleados de Hacienda llega a tal nivel que un bono de productividad que está aprobado y presupuestado desde el 2012 para los empleados del Negociado de Recaudaciones aún se lo deben. No les dan los incentivos por el Covid-19, pero tampoco les dan los que ya tienen aprobados. A los auditores, que son parte esencial de esta agencia, porque son los que buscan las deudas de contribuyentes al Departamento, también los tienen en el olvido, hace años ni aumento le han dado. Tampoco conocemos el estatus del plan de reclasificación y retribución que ya se entregó, pero ahora está en manos de la Junta de Control Fiscal”, puntualizó.

Aseguran la agencia no ha discutido protocolos ante el COVID

Por otra parte, Desiré López, Representante Internacional de UAW enfatizó que el secretario del Departamento de Hacienda Francisco Parés aún no ha discutido con el sindicato los protocolos establecidos por la agencia para prevenir el contagio del coronavirus.

“Como es de todos conocidos la propia gobernadora Wanda Vázquez instó a los secretarios de agencias a discutir con los gremios que representan a los trabajadores los protocolos que se han creado para evitar el contagio con Covid-19 entre empleados y contribuyentes. Al día el Secretario no se ha reunido con nosotros para tales efectos. Por lo que le estamos pidiendo se reúna cuanto antes para poder establecer dichos protocolos que velarán la salud y seguridad tanto de empleados como de ciudadanos que visiten la agencia a recibir servicios”, sentenció.

En riesgo la vida de bañistas ante falta de protocolo de COVID y equipo a salvavidas

Los bañistas que visiten los balnearios del Programa de Parques Nacionales estarían poniendo su vida en riesgo por la falta de equipos y por la inexistencia de un protocolo para evitar contagio de COVID-19 entre los salvavidas que realicen rescates de ahogamiento y la persona rescatada, denunció Antonio Cabán Collazo, presidente de la Federación Central de Trabajadores.

“No existe protocolo. No hay equipos. Si usted, Dios no lo quiera, va a uno de los balnearios del Programa de Parques Nacionales y se está ahogando al salvavidas que lo sacaría del agua no se le ha establecido un protocolo para hacer el rescate evitando el contagio del COVID-19. Mucho menos tiene los equipos necesarios para salvarle la vida. La reapertura de los balnearios se hizo sin tener este asunto en consideración lo que expone la vida de los bañistas y de los salvavidas”, explicó.

Cabán Collazo, quien fue salvavidas por más de 5 años, detalló que, de haber un ahogamiento, el salvavidas tiene que tener contacto cuerpo a cuerpo con la persona, situación que lo expondría al contagio de coronavirus. De igual forma, al sacar a la persona a la orilla no podría comenzar la resucitación cardio pulmonar, tipo boca a boca, ya que también lo expondría al contagio. Para darle los primeros auxilios los salvavidas necesitarían desfibriladores y respiradores artificiales con los que no cuentan.

“La falta de equipos no corresponde a la emergencia del COVID-19, desde hace mucho tiempo los salvavidas no tienen el equipo necesario para realizar su trabajo. No hay tablas de rescate, botiquín de primeros auxilios, no tienen uniformes, he incluso, en algunos balnearios, las torres están inservibles. Además, con la reapertura desorganizada que hicieron no están la cantidad necesaria de salvavidas requeridos por las millas de extensión de la playa. Hay balnearios con un solo salvavidas cuando debería haber mínimo cuatro. ¿Cómo ese salvavida atenderá un ahogamiento en un área lejana a donde está? La vida de los puertorriqueños está en riesgo”, puntualizó.

El líder sindical añadió que en reuniones sostenidas con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo y con el subsecretario auxiliar del Programa de Parques Nacionales, Gerardo Hernández se indicó que se cercaría el área de los salvavidas para evitar contacto con las personas, se rotularían los balnearios y habría un mensaje grabado difundido por los altavoces instando a los bañistas a utilizar mascarillas en todo momento, seguir el distanciamiento social y el lavado de manos. Al igual que habría coordinación con la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal y Manejo de Emergencias, pero nada de esto ha ocurrido.

“De todo lo que dijeron el Secretario y Subsecretario Auxiliar se iba a tener en las playas, nada ha ocurrido. Yo he visitado varios de los balnearios y no hay rotulación, no se escucha el mensaje, no hay nada. En dichas reuniones le ofrecimos varias sugerencias al director para que los bañistas puedan disfrutar su día de playa de una manera segura, como por ejemplo mover las boyas más cercanas a la orilla para que las personas pudieran utilizar su mascarilla y protegerse ellos y a los demás ciudadanos que también están en el área, pero tampoco siguieron nuestras recomendaciones”, destacó.

Los balnearios del Programa de Parques Nacionales abierto son, Boquerón en Cabo Rojo, La Monserrate, en Luquillo, Seven Seas en Fajardo, Sun Bay en Vieques, Cerro Gordo en Vega Alta, Manuel “Nolo” Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja y Caña Gorda en Guánica.

Cámara Aprueba medida para prohibir el “COVID-Fee”

La Cámara de Representantes aprobó el martes una medida propuesta por el presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez que ordena al Comisionado de Seguros de Puerto Rico a emitir toda carta normativa para que las organizaciones de seguros de salud y las aseguradoras de planes médicos emitan los pagos a los dentistas, en una tarifa de 35 dólares por concepto de equipos de protección personal y control de infecciones adicionales, recogidos dentro del código en la cubierta de beneficios como ‘D-1999’.  

Esto, por cada paciente que se realice un procedimiento dental incluido en la cubierta de beneficios.

“Un grupo de dentistas han adoptado la práctica de cobrarle directamente al paciente esta tarifa. Esto es sencillamente inaceptable. El impacto económico de la pandemia del COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad y no debe ser el paciente quien asuma el costo de los nuevos requisitos de protección personal y control de infecciones adicionales impuestos por las autoridades de salud”, señaló el presidente de la Cámara en una comunicación escrita.

Según explicó el líder legislativo, por medio de la carta Normativa 20-05-01 del 1 de mayo de 2020, la Administración de los Servicios de Salud (ASES) estableció una tarifa de 35 dólares a ser pagada a todo dentista por las Organizaciones de Manejo de Cuidado Dirigido por cada paciente que se realice un procedimiento dental incluido en la cubierta de beneficios del Plan Vital. Esta tarifa temporera estará vigente para el periodo del 4 de mayo al 17 de junio. De la misma manera, otras compañías privadas han hecho extensivo esta tarifa a los dentistas contratados con sus planes médicos.

La medida, la Resolución Conjunta de la Cámara 738, también tiene como coautores a los representantes Yashira Lebrón Rodríguez, Joel Franqui Atiles y Félix Lassalle Toro.

Las nuevas guías y protocolos establecidos por la Asociación Americana de Dentistas, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas y el gobierno de Puerto Rico, como requisito para reiniciar operaciones, así como el incremento en los niveles de seguridad de los equipos de producción y el alza en costos que estos han experimentado por la pandemia, han obligado a los dentistas a invertir miles de dólares y a reducir el volumen de pacientes que pueden atender.

Por ello, la Asociación, organismo por el que se rigen los dentistas y la ASES, establecieron el código de facturación D-1999 para que las aseguradoras cubrieran estos costos.

Técnicos dentales exigen el incetivo por COVID-19

Técnicos y asistentes dentales realizaron una protesta el pasado domingo frente al Capitolio y La Fortaleza, en reclamo de que el gobierno les otorgue el incentivo económico que concedió a los profesionales de la salud de primera respuesta ante el COVID-19.

“Estamos reclamando que ese incentivo que ahora mismo están considerando incluir a técnicos quirúrgicos, técnicos de rayos X y otros, que nos incluyan también en ese renglón porque nosotros no aparecemos en ningún lado”, dijo Ángela Marcano Pabellón, una de las portavoces de los manifestantes, algunos afiliados a la Asociación de Técnicos Dentales.

Marcano Pabellón dijo que los técnicos dentales, al igual que los dentistas, están bien expuestos al contagio del coronavirus porque trabajan directamente en la boca de los pacientes.

“Cada tres años tenemos que renovar nuestras licencias y pagarle al gobierno. Estamos reclamando la inclusión en el incentivo pues desde el día número uno muchos de nosotros no dejamos de trabajar atendiendo emergencias dentales y según estudios, la exposición nuestra al contagio del COVID-19 es de un 92.5 por ciento”, indicó.Play Video

Sostuvo que los estudios sostienen que el virus se contrae por los fluidos nasales y la saliva de la persona infectada. “Nosotros trabajamos directamente en la boca del paciente, la persona se tiene que quitar la mascarilla para nosotros trabajar”, detalló.

Dijo que el pasado 28 de mayo cursaron cartas a todos los legisladores y la gobernadora Wanda Vázquez Garced explicándoles su situación y solicitando que se les incluya entre los profesionales de la salud que ya han recibido el incentivo económico legislado.

“No hemos recibido respuesta. Sólo nos contestó el email de manera automática el senador (Eduardo) Bhatia”, sostuvo la portavoz.

Aunque por ser domingo los legisladores no se encontraban en sus oficinas, Marcano Pabón dijo que decidieron manifestarse de forma pacífica en la Plazoleta Norte de la Casa de las Leyes “para que el pueblo escuche nuestros reclamos”. Después de manifestarse en el Capitolio, los técnicos dentales partieron a pie hasta los predios de La Fortaleza.

Sostuvo que en Estados Unidos, el higienista (técnico dental) está en el primer grupo de riesgo, mientas que “aquí no se ha hecho ningún estudio que diga donde caemos nosotros”.

En días pasados, otros grupos de profesionales de la salud como los paramédicos y técnicos de emergencias médicas privadas y los que laboran a nivel municipal también demandaron ser incluidos en los incentivos de la pandemia.

Mediante legislación, el gobierno otorgó un bono de $3,000 a médicos, enfermeras, tecnológos médicos y otros profesionales de la salud, entre los que fueron incluidos solamente los paramédicos estatales del Negociado de Emergencias Médicas.

La semana pasada el Senado aprobó una resolución conjunta que incluye a los terapistas y asistentes de terapia física entre los trabajadores del sector público y privado que recibirían un incentivo económico por su trabajo de primera respuesta en la emergencia salubrista.

El incentivo será no menor de $1,000 ni mayor de $2,500. Antes de ser aprobada la medida, el grupo Tecnólogos de Imagen de Diagnóstico y Tratamiento, que incluye a técnicos quirúrgicos y terapistas respiratorios, marcharon hasta La Fortaleza en reclamo de que les otorguen estas ayudas.

La medida, de administración, está pendiente en la Cámara y de ser firmada por la gobernadora, recibirán el incentivo económico, técnicos quirúrgicos, tecnólogos radiológicos, tecnólogos en tecnología computarizada, sonografistas, empleados carreros, terapistas físicos, asistentes de terapia física, como trabajadores hospitalarios y/o de la salud, en alto riesgo y de primera respuesta ante la pandemia que ha ocasionado el coronavirus.

Enfermeros del sector privado comienzan a recibir el incentivo

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó el desembolso de incentivos por más de $69 millones para miles de enfermeros y enfermeras, tecnólogos médicos y médicos residentes del sector privado, activos en la lucha contra el Covid-19.

“En esta ocasión, pagamos $69,109,000 a 24,231 trabajadores del sector privado que completaron la solicitud disponible desde el pasado sábado, a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), del Departamento de Hacienda”, explicó Vázquez Garced.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que el desembolso para los profesionales de la salud del sector privado representa un 70% del estimado total del incentivo.

“Estimamos que 35,000 profesionales de la salud de este sector son elegibles para el incentivo, por lo que estamos cerca de completar los pagos que continuarán procesándose mientras vayan completando las solicitudes”, sostuvo.

Para solicitar el incentivo, las personas que no tengan cuenta en SURI, podrán entrar a la página principal y en el área de ‘Enlaces rápidos nuevos’, seleccionar ‘Incentivo Profesionales de la Salud – Sector Privado’ e ingresar la información. Los que tienen sus cuentas de SURI, podrán proveer la información usando el menú de Alertas y el enlace titulado ‘Incentivo Profesionales de la Salud – Sector Privado.

El secretario añadió que estos profesionales fueron identificados por el Departamento de Salud, de acuerdo a su base de datos de profesionales con licencias activas durante la emergencia declarada por el Covid-19. Si la información del Individuo Elegible no concuerda con la base de datos provista, el sistema no le permitirá completar el proceso y en esos casos, deberá someter una solicitud de reclamación al Departamento de Salud, a través de correo electrónico incentivoprofesionales@salud.pr.gov.

Agencias deberán realizar la prueba de COvid-19 a todos los empleados públicos

El secretario de la Gobernación, Antonio L. Pabón Batlle, exholtó a los jefes de agencias y oficinas de recursos humanos de las diferentes dependencias gubernamentales a que cumplan con los convenios colectivos vigentes en las áreas de salud y seguridad ante la pandemia del COVID-19, para que realicen las pruebas al personal que vaya regresando y reincorporándose en los diferentes centros de trabajo.

Luego de una reunión que sostuviera la gobernadora con los líderes sindicales la semana pasada, el Secretario de la Gobernación anunció que «los diferentes jefes y jefas de agencias, en conjunto con los directores y directoras de recursos humanos, deberán cumplir con los convenios colectivos vigentes, particularmente en aquellas cláusulas que atienden la composición de los comités de salud y seguridad en el sentido de tomar las medidas necesarias para realizar las pruebas COVID-19 a todos los empleados públicos, y así mantener un control para salvaguardar la seguridad de todos.

Dentro de esas cláusulas, Pabón Batlle explicó que se deberán tomar las medidas necesarias para cada centro de trabajo por el bienestar de cada uno de los servidores públicos, y que las pruebas se lleven a cabo de manera ordenada, según los compañeros de labor vayan regresando a su lugar de trabajo.

“Nuestro interés es que se lleven a cabo las pruebas de COVID-19 a los empleados públicos que se les requiera trabajar de manera presencial, realizando así el protocolo de manera ordenada y coordinada”, explicó el Secretario de la Gobernación.

Del mismo modo, deben dar seguimiento a los planes de trabajo y de prevención del COVID-19, supervisando que el mismo se implemente según lo establecido, buscando siempre el bienestar y salud de los empleados.

Pabón Batlle indicó que se debe de designar un funcionario para atender y mantener comunicación continua con la respectiva organización obrera y que dichos reglamentos aplicarán a los empleados de carrera y de confianza. De no existir un convenio que así lo indique, toca trabajar en designar un equipo por centro de trabajo para atender dicha situación. Las pruebas se efectuarán libre de costo y podrán coordinarse con los planes médicos correspondientes, laboratorios públicos y privados en la región donde ubica el centro de trabajo, así como con el Departamento de Salud.

Alcaldes desconfían de las cifras de COVID-19 provistas por salud

Alcaldes de ambos partidos cuestionaron el manejo de las estadísticas de casos del COVID-19 del Departamento de Salud ya que sus números no concuerdan con los del gobierno central, al punto que muchos han optado por adoptar el modelo de rastreo de casos de COVID-19 que implantó con éxito el municipio de Villalba.

Los alcaldes sostienen que los reportes diarios que les somete el departamento a los municipios contienen errores, información incompleta de los casos y que incluyen falsos positivos, más no los casos recuperados. Alegan además, que Salud integra los resultados positivos de las pruebas serológicas, pese a que esos mismos pacientes dan negativo en las pruebas moleculares. A ello se suma la falta de monitoreo nacional de los casos positivos y el llamado contagio comunitario, lo que no les permite tener un cuadro claro del comportamiento del virus en sus respectivos pueblos.

“Va a ser bien difícil conseguir un alcalde que diga que la información es la correcta. Es muy difícil entender que pasados 60 días (de la emergencia) todavía tengamos ese problema. Desde el día uno, que hubo una reunión en conferencia con la gobernadora (Wanda Vázquez) y el task force médico planteamos que si se coordinaba con los municipios nos podíamos hacer cargo de ese rastreo”, dijo el alcalde de Comerío, Josean Santiago.

Detalló que ahora mismo su municipio sólo tiene un caso activo “que se recupera en su casa”, mientras el reporte de Salud dice que son 17. “Los números no son confiables, nos están diciendo que son 17, pero no dan de alta a los que se curaron y que ya están en sus casas”, sostuvo.

Santiago insistió en que, cuando a los pacientes le hacen las pruebas, los laboratorios les requieren identificación, dirección y teléfonos, “pero no sé qué pasa que cuando nos llega la información de Salud en algunos casos llega el nombre de la persona sin dirección y teléfono y hay que adivinar”. Agregó que en otros casos “las personas le dicen a nuestra trabajadora social que se hicieron las pruebas moleculares, que están bien, pero los siguen poniendo en el dashboard”.

El municipio, explicó, tiene su propio programa de rastreo denominado “No estás solo” y además, dijo que pronto abrirá un albergue para personas en cuarentena, que podría dar servicios a otros pueblos vecinos de la montaña.

Mediante el sistema de rastreo municipal manifestó que una trabajadora social canaliza los servicios, incluyendo alimentos, medicinas y pruebas a las personas que vivan en el núcleo del paciente.

Cifra de casos de COVID-19

El departamento de Salud reportó 5 fatalidades y 69 nuevos casos positivos de COVID-19 aumentando la cifra de casos a 1043 hasta el día de hoy.

El número de muertes incluye una persona con resultados confirmados como positivos al coronavirus; este caso se reporta como una mujer de 55 años, de la región de Ponce. Por su parte, el Registro Demográfico reportó cuatro personas fallecidas que fueron añadidas porque, al momento de sus respectivos decesos, los cuadros clínicos eran compatibles con el COVID-19, siendo así clasificados por sus médicos en sus actas de defunción.

La cifra de muertes a causa del COVID-19 ahora asciende a los 56.

De los nuevos positivos, 5 se obtuvieron en el Laboratorio de Salud Pública, 62 en los laboratorios privados y 2 reportados por el Hospital de Veteranos. Al día de hoy, del total acumulado de casos positivos, 540 son varones y 503 son mujeres.

En Puerto Rico ya se han realizado un total de 9,829 pruebas de COVID-19, de las que 7,315 han arrojado resultados negativas, 1,465 están pendiente de resultados; y 6 permanecen inconclusos.

Aumenta a 903 la cifra de casos por COVID-19 en la isla

La cantidad de casos positivos del COVID-19 aumentó a 903 luego de que el Laboratorio de Seguridad Pública reportó seis personas contagiadas adicionales.

El Departamento de Salud confirmó este lunes que la cifra de fallecimientos por coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico se elevó a 45 tras la muerte de una mujer de 54 años de la región de Mayagüez.

El municipio con más casos reportados continúa siendo San Juan con 120 positivos, seguido de Guaynabo con 43 y Bayamón con 42. El Departamento de Salud, sin embargo, todavía no tiene disponible el municipio con 325 casos positivos.

Entretanto, el grupo de edad que más pacientes ha registrado es el de 50 a 59 años con 2o3 casos, seguido de los pacientes entre los 40 a 49 años que suman 165.

En cuanto a casos pediátricos, se han registrado nueve positivos a coronavirus en menores de 10 años y 30 casos positivos entre las edades de 10 a 19.

Del total de casos confirmados, 52.7% son hombres (476), mientras que el 47.3% son mujeres (427).

Hasta el momento, Salud espera por el resultado de 1,288 pruebas de COVID-19, de un total de 8,157 que se han administrado en la isla.