Nuevo grupo de escuelas comienzan clases

(San Juan) – El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció este lunes una segunda ronda de escuelas que, luego de ser inspeccionadas, certificadas y aptas, su personal comenzará labores desde mañana. Estos planteles, precisó, comenzarán clases el lunes 3 de febrero y se suman a los primeros 177 ya fueron anunciados por el Departamento de Educación (DE).

Hernández Pérez informó que estos centros educativos, al igual que la primera ronda, están ubicados en las regiones educativas de Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan. Para las regiones de Mayagüez y Ponce, el Departamento de Educación continua evaluando alternativas que serán anunciadas en las próximas semanas. Entre ellas, salones movibles, vagones, carpas, espacios alquilados y que cumplan con las especificaciones de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), entre otras.

“Como establecimos desde el principio de este proceso, anunciamos una segunda ronda de escuelas que desde ya comienza el personal a reportarse. Ya la semana pasada los directores tomaron adiestramientos de manejo socioemocional y ahora se inserta el personal de mantenimiento y comedores para labores de limpieza y trabajos de desinfección. El regreso a la sala de clases será ordenado y  escalonado, por lo que cada día se va insertando el personal adscrito a los planteles”, explicó.

El calendario para la segunda apertura de estas 51 escuelas es el siguiente:

  • Lunes, 27: los directores recibieron las certificaciones de las escuelas aptas para abrir.
  • martes, 28: directores y personal no docente se reportan a las escuelas para realizar los trabajos administrativos, de limpieza e higienización en los comedores escolares.
  • miércoles, 29: orientación a todo el personal docente y no docente sobre el manejo y enfrentamiento emocional ante un desastre natural y reunión de inicio del segundo semestre
  • jueves, 30: maestros acondicionan salones y personal no docente cumple con sus funciones
  • viernes, 31: casa abierta para madres, padres o encargados (8:00 a 12:00)
  • lunes, 3: inicio de clases en escuelas certificadas y aptas para abrir

El jefe de Educación recordó que el horario para estas 51 escuelas será de 8:00 de la mañana hasta las 1:00 de la tarde y se incluirán los servicios de desayuno y almuerzo.

Con esta nueva ronda de apertura, suman 228 escuelas que comenzarán clases esta semana. Mientras, las inspecciones de ingenieros continúan en las escuelas y próximamente el DE anunciará una nueva ronda de apertura de planteles.

Hernández Pérez solicitó a las madres, padres y encargados a estar alertas y pendientes a las plataformas sociales de la agencia (@educacionpr), en donde se anuncian las listas de escuelas, horarios y cambios, de surgir alguno.

Investigan a empresario que maneja inversiones de la CFSE y ACAA

Según un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Michael Scott Williams King, fundador de las empresas Kinetic Funds, Kinetic International, y quien maneja inversiones de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE) y de la Autoridad de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), es investigado por las autoridades Federales por ciertas irregularidades en sus actividades financieras y por alegadamente incumplir con la ley 20 de exportación de servicios.

Puerto Rico “es el lugar para invertir en este momento, porque la ineficiencia genera las mayores oportunidades”, dice Michael Scott Williams King, fundador de las empresas financieras Kinetic Funds y Kinetic International.

Oriundo de Michigan, llegó a la isla hace cinco años atraído por los incentivos para inversionistas que ofrece el Gobierno. Es beneficiario de la Ley 20 de exportación de servicios y la Ley 22 para el traslado de inversionistas extranjeros a Puerto Rico. Desde 2016, maneja $18 millones en fondos públicos de la Corporación del Fondo del Seguro (CFSE) del Estado y la Autoridad de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA) a través de Kinetic Funds.

Williams organizó una convención para inversionistas del 27 de febrero al 1.o de marzo de 2019 en el hotel Vanderbilt en Condado para presentar los servicios de Kinetic International. “¿Por qué [invertir] ahora? Ahora es el momento en que el Gobierno comienza a recuperarse del huracán María, las Zonas de Oportunidad para invertir en bienes raíces, comenzamos a ver inversiones y cambios positivos”, dice la página del evento.

El Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, George Joyner, fue uno de los oradores principales en la convención. También Noel Zamot, que en ese momento era Coordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal y, a su vez, miembro de la Junta de Directores de Kinetic International.

En mayo, los abogados de Kinetic International le informaron a Joyner que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) está investigando a Williams. La SEC es una de las agencias federales que regulan el mercado financiero en Estados Unidos. Algunas violaciones comunes que investiga incluyen tergiversación u omisión de información financiera, manipulación de precios del mercado de valores y robo de fondos a clientes. La SEC puede llevar casos civiles o referir a los tribunales si encuentra acción criminal.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) supo que también el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha entrevistado a varias personas con relación a las actividades financieras de Williams.

“No tengo comentarios”, dijo el agente especial Todd Gaines cuando el CPI le preguntó si el FBI está investigando al inversionista.

En noviembre de 2016, Williams firmó un contrato de inversión de $15 millones con la CFSE y otro de $2 millones con la ACAA a través de Kinetic Funds I, LLC. Ambos contratos tienen vigencia hasta 2021. La Asociación de Empleados del ELA (AEELA) invirtió por su parte $500,000 el 29 de noviembre de 2016. Kinetic Funds tiene alrededor de 30 clientes entre individuos y planes de pensiones de Puerto Rico y Estados Unidos.

Documentos que obtuvo el CPI y tres fuentes entrevistadas apuntan a que Williams transfirió, sin autorización, dinero de la inversión de capital de Kinetic Funds a la cuenta de KCL Services, otra de sus empresas, de donde retiró dinero en forma de préstamos para financiar gastos personales y operacionales de Kinetic International.

Documentos de cuentas bancarias reflejan que el 21 de marzo de 2017 hubo un retiro de $1,500,000 de la cuenta de Kinetic Funds y un depósito de la misma cantidad exacta en la cuenta de KCL Services. El 23 de marzo, Williams pagó $1,422,325 por un penthouse en el Viejo San Juan. El 4 de mayo de 2018, hubo un retiro de $2,676,564 de Kinetic Funds y un depósito de la misma cantidad en KCL Services. El mismo día, Williams pagó $2,900,000 al Fideicomiso de Conservación por el edificio del antiguo Banco Español en la calle Tetuán del Viejo San Juan a través de la compañía SCIPIO, LLC, según cotejó el CPI en el Registro de la Propiedad. Williams es el presidente y único miembro de esa empresa, muestran documentos del Departamento de Estado.

“En 2018, Williams-King y su equipo adquirieron el edificio histórico Banco Español en el Viejo San Juan. Este ambicioso proyecto incluye la renovación del edificio histórico y la comisión del fresco más grande que se pintará actualmente en el mundo. El proyecto se está filmando para un documental planificado”, indica la página del Kinetic Financial Summit.

Otros gastos que presuntamente hizo Williams con el dinero de sus clientes incluyen el pago de diseñadores, servicios legales, vacaciones y los gastos del Kinetic Financial Summit.

Williams dijo al CPI que no puede hacer comentarios sobre estas imputaciones o sobre la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Incumple con la Ley 20 de exportación

El 3 de marzo de 2016, Williams incorporó en Puerto Rico la compañía de responsabilidad limitada El Morro Financial, con la que es beneficiario de la ley 20 de exportación de servicios. El Morro Financial tiene como clientes a KCL Services y SCIPIO, ambas incorporadas en Puerto Rico, y Kinetic Investment Group, incorporada en Delaware y con dirección en Sarasota, Florida. Las tres empresas son propiedad de Williams.

Para poder recibir las exenciones contributivas de la Ley 20 de exportación por dar servicios a un cliente, “ese cliente tiene que estar radicado fuera de la isla”, dijo en entrevista con el CPI Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

¿Una compañía que recibe los beneficios de la ley 20 puede dar servicios a una compañía que sea propiedad de la misma persona?, preguntó el CPI.

“No, ahí es que hay un asunto. Hay una cuestión en la ley, en los requisitos, que es el nexo. La transacción tiene que cumplir con lo que le llaman que no exista un nexo entre A y B. ¿Por qué?, porque tú lo que quieres es que venga dinero nuevo realmente. Cuando se diseña esto en el 2012, la idea era evitar que venga una empresa a Puerto Rico, que se estableció o estaba aquí, era local, le vende servicios a la empresa B, que está en Florida. Pero esa empresa B en Florida realmente tiene algún vínculo de actividad económica en Puerto Rico. Por lo tanto si tú no haces ese deslinde, podemos corrernos el riesgo de lo que le llaman un short circuit. O sea, que yo le vendo los servicios al B que está en Florida, pero ese de Florida realmente tiene unos vínculos en Puerto Rico económicos. Por lo tanto, el dinero realmente nunca vino nuevo, vino de Puerto Rico. Hubo un círculo, tú quieres evitar eso. Tú quieres asegurarte, para que sea verdadera exportación, de que el dinero sea nuevo, eso es lo que es realmente exportar”, dijo el Secretario.

En los documentos del Departamento de Estado, Williams se identifica como presidente y en su cuenta de LinkedIn, una red social para profesionales y empresarios, aparece como socio de El Morro Financial. La compañía no tiene página de Internet y la dirección física es la misma de Kinetic International, KCL Services y Kinetic Financial Advisors. El CPI llamó varias veces a un número que se supone sea el de El Morro Financial, según un documento, pero nadie contestó.

¿Si hay una agencia como la SEC o el FBI que está investigando a un beneficiario de la ley 20 o 22, qué acción toma el Departamento de Desarrollo Económico?, preguntó el CPI a Laboy

“Va a depender del tipo de investigación y qué tipo de petición nos hagan a nosotros”, contestó.

El Secretario dijo que no conoce a Michael Williams ni sabe de Kinetic Funds. Reveló que hizo un referido al FBI sobre otros beneficiarios de incentivos que ofrece el DDEC porque “detectamos cosas extrañas”. Añadió que han recibido varias peticiones de información del FBI y otras agencias federales relacionadas a investigaciones de las empresas e individuos que reciben incentivos contributivos, pero no dijo cuántas ni cuáles.

En mayo pasado el FBI arrestó por fraude bancario al comerciante Gopalkrishna Pai, un beneficiario de la ley 20.

De brazos caídos el comisionado de Instituciones Financieras

El comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, sabe desde mayo que la SEC está investigando a Williams, pero su oficina no ha abierto una investigación sobre los negocios del inversionista en la isla. La OCIF le otorgó una licencia de “Entidad Financiera Internacional” a Kinetic International el 16 de enero de 2019. Otra empresa de Williams llamada Kinetic Financial Advisors está registrada como la OFIC como asesor financiero.

Una de las razones que dio Joyner para no investigar al inversionista es que fueron los propios abogados de Williams quienes le notificaron sobre la investigación de la SEC. Otra explicación fue que la investigación de la SEC es sobre operaciones de Williams en Florida.

Según los contratos del CFSE y ACAA, los pagos de esas corporaciones se envían en forma de cheques a la dirección de Kinetic Funds en Florida. Joyner dijo que no sabía que estas dos corporaciones públicas invirtieron en Kinetic Funds.

La querella contra Williams fue presentada a la SEC en junio de 2018. En mayo pasado, cinco de sus empleados renunciaron por presuntas irregularidades en las operaciones financieras del inversionista. Noel Zamot dijo al CPI que entre los empleados que renunciaron se encuentran Michael Sayre, principal ejecutivo de tecnología, y James Bishop, principal ejecutivo de operaciones de Kinetic International. El CPI supo que los empleados de Williams le informaron a Zamot sobre la denuncia ante la SEC que implica a Kinetic Funds, pero cuando se le preguntó sobre esa compañía, Zamot dijo, “no conozco ninguna entidad con dicho nombre”.

“En la reunión de la Junta de directores del 7 de mayo, el Sr. Williams renunció, de su propia voluntad, a su posición como CEO [de Kinetic International] para permitir que se trabajara el tema de la salida de Sayre y Bishop de manera abierta y transparente. También renunció a sus cargos en la Junta indicando que deseaba enfocarse en temas personales y de sus otros negocios… renunció a su cargo para permitir a la Junta de directores atender las quejas en su contra, sin influenciar el proceso. Se le ha notificado a la OCIF y a todas las entidades relevantes”, dijo Zamot.

Sin embargo, Zamot no denunció a Williams ante la SEC y sigue formando parte de la Junta de directores de Kinetic International junto a Jeanelle Alemar Escabí, quien funge como directora. Williams sigue siendo el dueño mayoritario de Kinetic International mientras maneja Kinetic Funds.

Alemar ofreció servicios legales a Williams desde 2017 hasta finales de 2018, cuando Williams le ofreció ser parte de la Junta de directores de Kinetic International. Desde principios de mayo funge como oficial de finanzas de la empresa, que pasó de ser una entidad financiera internacional a una “corporación regular en etapa de start-up”, dijo Alemar. Según documentos del Departamento de Estado, Alemar es administradora de Kinetic Financial Services y persona autorizada de Kinetic Tech e ISX, todas empresas de Williams.

“Ni la entidad, ni esta servidora ha recibido ninguna notificación de parte de agencias federales o estatales con relación a investigación sobre Michael Williams”, dijo Alemar.

Williams también aparece en por lo menos siete compañías registradas en el Departamento de Estado, en donde ocupa diferentes posiciones: es presidente, gerente y persona autorizada.

¿Cómo conoció a Michael Williams?, preguntó el CPI a Zamot.

“En una de las varias reuniones donde entes particulares tenían preguntas sobre el Título V”, contestó, refiriéndose a la sección de la ley PROMESA que establece el proceso para declarar “proyectos críticos” de infraestructura.

“Cuando la empresa [Kinetic International] llega al momento de presentar la tecnología al mundo inversionista, me pidieron ser parte de la Junta de directores. Previamente me habían pedido ser director, pero en ese entonces estaba laborando en la Junta [de Control Fiscal] y no podía hacer eso hasta obtener una decisión de nuestra asesora de ética… La combinación de utilizar tecnología para asegurar transparencia en inversiones en el sector público era algo que estaba muy cerca de mi visión y valores. Por eso acepté esa posición, condicionado a la decisión de la asesora de ética”, dijo el pasado Coordinador de revitalización.

El CPI solicitó a Zamot el documento de la consulta ética y éste dijo que estaba disponible en la página electrónica de la JCF, pero no fue encontrado. El CPI le volvió a solicitar el documento a Zamot, pero no hubo respuesta. Una solicitud del documento a la asesora de ética de la JCF, Andrea Bonime-Blanc, no fue respondida por el relacionista de la JCF, José Luis Cedeño.

Zamot fue nombrado Coordinador de revitalización de la JCF en julio de 2017 y renunció el 15 de marzo de 2019. Días antes de que su renuncia fuera efectiva, Zamot denunció que la administración del exgobernador Ricardo Rosselló obstaculizó el proceso de recuperación tres los huracanes para beneficiar a allegados. El 20 de marzo, la Junta de Control Fiscal informó que entregó información sobre Zamot solicitada por el Departamento de Justicia.

¿Por qué la OCIF no abrió una investigación sobre Michael Williams?, preguntó el CPI al Comisionado de Instituciones Financieras.

“En el curso normal de las cosas, si ellos no nos hubieran traído la información esta de las investigaciones [de la SEC] pues sí [hubiésemos investigado]. Nosotros sí advinimos en conocimiento de algo por fuentes públicas, llamamos a las personas concernidas y entonces les pedimos una explicación. La Oficina toma pasos afirmativos cuando adviene en conocimiento de cosas que están en el marco público”, dijo Joyner.

Entonces, cuando se entera de que la SEC está investigando a Michael Williams, ¿por qué no abrió una investigación sobre las dos compañías que tiene registradas en la OCIF, Kinetic International y Kinetic Funds?, preguntó el CPI.

“De nuevo, quien nos trae la información de la investigación de la SEC es la misma Kinetic International, a través de sus representantes legales”, contestó Joyner.

¿Y eso evita que ustedes puedan investigarlo?

“No, pero como el que nos trae la información inicialmente es ellos, la misma Kinetic International, pues la respuesta de nosotros fue ‘ok, yo sé que ustedes tienen una licencia para operar, vengan preparados para hablarme del estatus de eso… cuáles son sus planes hacia el futuro. Entonces cuando ellos vienen y nos presentan que tienen un problema con un principal owner o principal stakeholder de la compañía, un controlling person, que es lo que es Michael Williams, suscitado por esta otra investigación que está haciendo el SEC en Florida pero que no impacta directamente la operación en Puerto Rico, pues entonces [yo les digo] ‘¿cuál es el plan de ustedes?’. Porque en este momento estamos bregando con una divulgación voluntaria. No fue que vino una queja o una querella, sino que como son ellos mismos que nos lo levantan, eso desencadena en la liquidación voluntaria de la licencia como entidad financiera internacional”.

¿Y con esa liquidación usted entiende que la OCIF no tiene responsabilidad de fiscalizar a Michael Williams aunque esté siendo investigado por la SEC?

“Sí, a menos que la investigación de la SEC de Florida de alguna forma impacte sus negocios en Puerto Rico. Pero al él ya no tener un negocio en Puerto Rico principalmente reglamentado por la OCIF…”

Kinetic Funds está registrado como asesor financiero en la OCIF.

“Pero nosotros no somos el reglamentador principal”, dijo Joyner.

Los ayudantes de Williams

El 11 de julio de 2018, Williams firmó un acuerdo con The Garffer Group of Legal Advisors (G2LA) por $5,000 mensuales. El documento indica que Garffer ofrece “servicios de cabildeo” y “relaciones gubernamentales, en particular con el CFSE y ACAA”. Jerome Garffer no está registrado como cabildero ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes, indagó el CPI.

“Esos contratos estaban ya desde antes [de la contratación con Williams]. Él lo que quería era que lo ayudáramos a mantener el contrato. Porque él [Williams] no conoce a nadie, necesitaba entender la estructura gubernamental. Luego de eso empezó a pedir otras que cosas que yo no iba a hacer en absoluto y decidí no continuar con la relación… [El contrato con ACAA y el Fondo] había llegado por una amistad que él tenía con una consultora de inversiones que estaba ahí antes y que le dio eso. La consultora luego no estaba más y él no entendía las agencias del Gobierno. Y yo le dije que yo lo podía ayudar a entender eso, cómo funcionan las agencias”, dijo Garffer al CPI.

¿Por qué decidió no trabajar con él?

“Me voy a reservar eso. Pero llegó un punto en donde yo decidí que no era el mejor interés mío continuar esa relación… Porque en algún momento él estaba vendiendo su negocio o algo así y se complicaron las cosas y no me gustó lo que veía y decidí cesar la relación”, dijo Garffer.

El 10 de mayo de 2017 Michael Williams donó $2,500 al exgobernador Ricardo Rosselló.

Eliseo Acosta, presidente de la empresa Innova Technologies Group, presuntamente recibió un total de $60,600 en comisiones por los contratos que obtuvo Williams con la CFSE, ACAA y AEELA en 2016. Entre enero y septiembre de 2017 Williams pagó otros $32,500 a Acosta por buscar clientes para Kinetic Funds, dijeron dos fuentes al CPI.

¿Cuál es su relación con Michael Williams?, preguntó el CPI a Acosta en una llamada telefónica.

“¿Estás comenzando negocios, llegaste aquí?, pues mira yo conozco a Perencejo, aquel, al otro, vete allá y si sale algo pues chévere, págame un café. De eso yo no vivo, punto”, contestó Acosta en una primera llamada. Luego dijo que él no recibió pagos, pero sí su compañía.

“Yo llegué a hacer varias reuniones que no prosperaron porque habían otros intereses y otras personas. Por ejemplo, la de maestros [AEELA] me acuerdo yo, y así sucesivamente con uno que otro alcalde. Pero puede buscar, ninguno voló, o sea, ninguno tuvo resultado”.

¿Usted se refiere a reuniones entre esas personas y Michael Williams?

“Sí, en un momento dado”.

¿La gestión que usted hacía era conseguirle reuniones a Williams con agencias del gobierno para que él consiguiera contratos?

“Con agencias del Gobierno en particular como cualquiera que llama. Para que tengas una idea, yo aparte de eso, yo trabajo en la empresa privada. Pero yo no soy cabildero ni nada que ver. Soy una persona de negocios… Yo con Williams tengo, primero, una relación de amistad… Por ejemplo, yo conozco a millones de personas y en particular viene referido por un amigo mío de Florida que me lo presenta y la verdad, me cayó muy bien”.

¿Usted hizo gestiones para Williams?, preguntó el CPI.

“Pero estamos hablando de para el 2016. Estamos en 2019”.

En 2016 fue que él firmó los contratos con el Fondo y ACAA.

“Si usted me para allí en medio del lobby y me pasea por todo aquello, usted va a ver que nadie sabe ni quién soy yo… Yo no he entrado bajo ninguna forma con ese señor en esos sitios. Yo puedo decirle que yo he entrado en otros sitios sí, y no hubo nada, no pasó nada porque escogieron no hacer las cosas”.

¿Qué era lo que querían hacer, conseguir contratos?

“Bueno si usted está buscando, yo le estoy diciendo porque no tengo nada que ocultar, que en un momento dado cuando llega (Williams), lo primero que pregunta es ‘¿estas son cosas reguladas?’. Pues yo te puedo presentar a alguien. Y así pasó, tú sabes, qué sé yo. Y dije alcalde porque estoy tratando de hacer memoria de alguno, pero también empresas privadas. Pero no hubo nada”.

En esas gestiones que dice que hizo para Williams, ¿usted recibió o solicitó algún tipo de comisión? ¿Cómo se le remuneraba ese trabajo a usted?

“Como le mencioné y vuelvo y le repito, yo tuve gestiones fallidas. Si él usó un gestor para hacer eso y logró su propósito, sí le puedo decir que no fui yo”.

La pregunta no es si fue fallida o no, si no que si recibió alguna comisión o pago por esa gestión, insistió el CPI.

“Bueno siempre se dice ‘si sale algo pues caramba, págame una taza de café’, qué sé yo. Pero es que estoy tratando de contestarle sus preguntas pero realmente no hice lo que usted está diciendo… Si quieres llamarlo gestiones pues sí, pero no”, dijo Acosta.

En el video de la reunión de la Junta de gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) de octubre de 2016, la administradora del Fondo, Liza Estrada Figueroa, dice que el contrato con Kinetic Funds levantó interrogantes entre la administración y los abogados asesores en asuntos financieros de la agencia. Pero los asesores financieros de la CFSE, Consultiva Wealth Management, recomendaron que se firmara el contrato.

“Cuando nos remitieron el contrato, nos surgieron algunas interrogantes por ser distinto a lo que habíamos acostumbrado a ver para para este tipo de fondos. Lo remitimos a los abogados que trabajan con estos asuntos para que nos dieran su opinión. Ellos levantaron unas cuántas interrogantes, se lo indicamos a Consultiva, y Consultiva envió lo que hoy es el anejo dos, que es una opinión por escrito aclarando las dudas que teníamos, que tenía el abogado y que teníamos nosotros sobre este tipo de fondo y diciendo que cumple con la política de inversión y que su recomendación es que lo firmemos”, dijo Estrada Figueroa en la reunión.

El Fondo del Seguro del Estado entregó documentos al CPI que muestran que Kinetic Funds realiza informes mensuales sobre el estatus de la inversión a través de la firma Gavion, que actualmente administra la cartera de inversión de la Corporación.

¿Cómo pudiera afectar la investigación contra Williams a las inversiones del Fondo y ACAA?, preguntó el CPI a Myrna Rivera, fundadora y asesora principal de Consultiva.

“Habría que ver cuál es la naturaleza de la investigación y cuál es el desenlace para poder determinar qué impacto podría tener sobre esa y cualquier otra cartera”, contestó Rivera.

¿Las inversiones se pueden afectar mientras no haya una determinación final sobre la investigación?

“El fondo de Kinetic se ve en los sistemas de Bloomberg y otros sistemas. Como fiduciario pues esto es una información que tú me estás dando que es preocupante. Pero tenemos que esperar a lo que diga el SEC. Hay que ver qué provoca la investigación y cuál es la naturaleza de la investigación, que puede o no que tenga que ver con la cartera (de Fondo del Seguro). El SEC puede evaluar individuos como puede evaluar procesos de inversión, es un negocio altamente regulado. En este caso, Gavion tiene que asegurarse de que está monitoreando adecuadamente esa inversión”.

Rivera explicó que parte del proceso de evaluación que hacen a las firmas de inversión consiste en conocer la estructura de la empresa, la gerencia, el trasfondo, la experiencia técnica, cómo compone la empresa, cuál es su estrategia, cómo se ejecuta y cuál es el beneficio.

“Hicimos ese análisis, nos reunimos con Michael Williams, pasamos por todo ese proceso. Consultiva tiene un comité de inversiones que como protocolo interno entrevista y evalúa documentación y levanta un memorándum de evaluación”, dijo Rivera.

Claudia Motta Vélez, del bufete Reichard & Escalera, es la agente residente de Scipio y El Morro Financial, empresas de Michael Williams incorporadas el 3 de marzo de 2016. En junio de 2016, el bufete Reichard & Escalera firmó un contrato con vigencia hasta el 30 de junio de 2017 por $150,000 con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Uno de los servicios que debía prestar el bufete según el contrato era “emitir consultas y opiniones legales en aquellos asuntos que involucren el campo de las inversiones”. El contrato entre Kinetic Funds y el Fondo del Seguro para manejar $15 millones en inversión se firmó en noviembre de 2016, mientras el bufete Reichard & Escalera asesoraba sobre asuntos financieros a la corporación pública.

El contrato lo firmó Luis R. Ramos Cartagena, subadministrador del Fondo del Seguro entre el 5 de agosto de 2016 al 3 de enero de 2017. El CPI se comunicó con Ramos Cartagena para indagar sobre la contratación de Kinetic, pero dijo que no recordaba ese contrato y que los asuntos de manejo de inversión se consultaban con los asesores de Reichard & Escalera. Vance Thomas, en ese momento director de la Junta de gobierno, y Liza M. Estrada, exadministradora del Fondo, también dijeron al CPI que no recordaban la firma del contrato con Kinetic Funds, aunque los videos muestran que participaron de varias reuniones en donde se discutió el contrato con esa empresa.

Los cargos por servicios de Kinetic Funds tienen un tope de $750,000, según los contratos del CFSE y ACAA. Williams firma los documentos como “Managing Member” de LF42, LLC, y “Managing Member” de Kinetic Partners, LLC. Ninguna de estas empresas están incorporadas en Puerto Rico sino en Delaware.

Los pagos por estos contratos se envían en forma de cheque a la dirección de Kinetic Funds en Sarasota Florida, y por transferencia electrónica a una cuenta en el banco BMO Harris en Chicago. Kinetic Funds se enfoca en generación de ingresos a través de inversiones en bonos corporativos y de gobierno, según los contratos. Para junio de 2019 tenía un total de activos valorados en $43,869,000. Sus inversiones principales están en Goldman Sachs Group, Simon Property Group, 3M Co, Pfizer y Johnson & Johnson, según Bloomberg.

Los contratos con las corporaciones públicas, que fueron firmados en plena crisis económica y fiscal y bajo la quiebra gubernamental, tienen una cláusula que indica: “El suscriptor entiende los riesgos asociados a esta oferta, incluyendo la naturaleza especulativa de la inversión y los peligros financieros, incluyendo el riesgo de perder toda la inversión”.

Williams, veterano de la Marina de Guerra que sirvió en la guerra el Golfo Pérsico, comenzó su carrera hace unos 25 años como corredor de bolsa, según su biografía Ha hecho presentaciones para la Comisión de Bolsa y Valores que ahora lo investiga, es coautor del libro “Fundamentos del Mercado de Opciones” [Fundamentals of the Options Market] de la editorial McGraw Hill. Este año terminó de escribir su primera novela, titulada Journey to Masyaf.

Instalaran nuevo sistema de seguridad eléctrica en las escuelas

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunció la incorporación de un sistema de vigilancia digital como parte del plan de seguridad integral en las escuelas públicas.

Este sistema complementa la función de los guardias escolares que están durante el horario escolar en los planteles.

“La seguridad en nuestras escuelas es una prioridad que hemos atendido con diligencia. A pesar de haber tenido unos recortes sustanciales en nuestro presupuesto, hemos logrado acceso a fondos de Restart que nos han permitido el desarrollo este proyecto de vigilancia virtual y, además, nos ha ayudado a la contratación de los guardias de seguridad para las escuelas”, expresó Hernández Pérez.

El titular de Educación detalló que el programa Restart asignó un total de $24 millones para cubrir el proyecto por un periodo de dos años. La inversión del programa de vigilancia virtual ascendió a cerca de $18 millones.

El jefe de Educación enumeró los logros en el renglón de seguridad escolar, entre ellos, la nueva creación de manuales para trabajar con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Negociado de Manejo de Emergencias, la creación de guías para la planificación de operativos de emergencias para personas con discapacidad en las escuelas y la creación de un protocolo y adiestramiento para que cada escuela confeccione un plan de seguridad que atienda eventos como un tirador activo, incidentes con químicos, paquetes sospechosos, amenazas de bombas, disturbios, contaminación por aire, fenómenos atmosféricos, incendios, terremotos e inundaciones.

“Hemos logrado capacitar a nuestros directores con el apoyo de nuestra oficina de Seguridad del Departamento de Educación, agencias estatales y federales a los efectos de que cada escuela tenga diseñado su propio plan de seguridad para atender incidencias. Este proceso de planificación ha sido complementado con adiestramientos y capacitaciones por expertos para que nuestras escuelas estén seguras en caso de alguna situación de emergencia. Será un proceso continuo donde cada cierto tiempo se van a revisar y actualizar los planes”, añadió el secretario.

De otra parte, el comisionado de seguridad de Educación, César González, detalló que este servicio conllevó el análisis de las instalaciones de cada escuela para identificar los equipos a ser instalados. Igualmente, requirió de diseños para la ubicación de servidores, cámaras, sensores, acceso a internet y la programación de los equipos electrónicos. Tras la activación de las alertas por parte de la compañía a cargo de la seguridad, se alerta a la Policía de Puerto Rico y a la Policía Municipal cuando hay algún incidente en alguna de las escuelas.

“Este sistema ha sido de gran utilidad para lograr atrapar a algunas de las personas que han cometido actos vandálicos o robos en nuestras escuelas. La colaboración de la Policía de Puerto Rico y de las policías municipales ha sido exitosa para lograr identificar a las personas que escalan los planteles. Ya hay varios de estos casos en los tribunales en espera de radicación de cargos. Este servicio ha logrado la reducción de un 97 % de los escalamientos y vandalismo en las escuelas”, informó González.

El comisionado de seguridad aprovechó el anuncio del plan de seguridad para hacer un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier tipo de acto vandálico que esté ocurriendo cercano a las escuelas de sus comunidades.

“La seguridad de nuestros niños y de las escuelas es responsabilidad de todos. Si ven alguna situación, deben alertar a las autoridades. Cuando ocurre un robo o escalamiento en nuestras escuelas, quienes más se afectan son nuestros niños. En Educación estamos reforzando la seguridad, pero la ayuda de la comunidad es vital para erradicar en su totalidad este comportamiento”, concluyó González.

Empleados de Comedores luchan pago por horas trabajadas tras el paso de María

La presidenta de la Unión de Empleados de Comedores Escolares, Nelly Ayala León, hizo un llamado a los empleados y empleadas de comedores escolares a reclamar ante el Departamento de Educación el dinero que les es adeudado por concepto de horas extras trabajadas tras el paso del Huracán María, en septiembre de 2017. “Contamos con casos de compañeros y compañeras que perdieron sus hogares y aun así se presentaron a trabajar y cumplieron con su responsabilidad cuando el pueblo más los necesitaba. Al día de hoy no han recibido su justa compensación,” declaró Ayala León.

Las expresiones de Ayala surgieron durante una manifestación llevada a cabo frente a las oficinas del Departamento de Educación en Hato Rey, en la que empleados y empleadas de los comedores escolares se congregaron para solicitar al Secretario de la agencia que desembolse con prontitud los pagos adeudados. “Todos los empleados de los comedores escolares fueron activados para trabajar antes, durante y luego del paso de los huracanes Irma y María para brindar el servicio de desayuno, almuerzo y cena a los refugiados. Cientos de empleados trabajaron durante 7 meses jornadas de 12 horas consecutivas, sin embargo hubo empleados que cobraron entre .90 centavos  y $2, una ínfima fracción de lo que debieron cobrar”, afirmó la lider sindical.

Ayala León indicó que la Unión realizó investigación cuyo resultado arrojó que una de las razones por la cual el pago no se realizó conforme a lo que fue certificado se debió a unos filtros aplicados en el sistema de Tiempo, Asistencia y Licencia (TAL). Estos filtros son unos controles uniformes implementados en el programa de asistencia que descontaba la jornada sin una evaluación particular y responsable. “Llevamos meses solicitando el listado de la nómina con detalles de las horas trabajadas y el dinero a pagarse, para identificar cualquier error y poderlo corregir antes de que se efectúe el pago. No queremos excusas alguien tiene que respondernos”.

Este reclamo fue referido a su vez mediante una carta a la Gobernadora, Honorable Wanda Vázquez Garced y se estará presentando una querella conforme lo establece el Convenio Colectivo.

Senado aprueba fondos para educación especial

El Senado aprobó hoy una medida del presidente, Thomas Rivera Schatz, para destinar $123 millones provenientes del Fondo General para atender las necesidades de los niños participantes del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE). La asignación de dichos fondos será para el año fiscal 2019-2020.

según comunicado de prensa del Calitolio, la votación de la Resolución Conjunta del Senado 399 fue de 27 a favor y dos votos en contra de los senadores Eduardo Bhatia Gautier y Miguel Pereira Castillo

La Resolución establece claramente que dicho dinero es en exceso del presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por lo que este dinero se destinará exclusivamente para sufragar los costos de terapias y evaluaciones de dicho programa.

Recientemente el Departamento de Hacienda anunció que los ingresos al Fondo General para el año fiscal que terminó en junio pasado alcanzó la suma de $11,855,900.00 sobrepasando por más de $2 mil millones la cantidad presupuestada para dicho año fiscal según el presupuesto certificado.

“Un exceso en recaudos nos permite decirle a la JSF con autoridad moral ‘aquí hay dinero y esa población vulnerable no debe ser objeto de carencia en los recursos que hacen falta para que puedan desarrollarse al máximo de sus capacidades’ …Eso es trabajar por Puerto Rico”, argumentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Por su parte, el senador Juan Dalmau Ramírez, quien consignó para el récord que votaría a favor de la medida, argumentó que la aprobación de la misma “atiende una necesidad que tiene una población vulnerable”. Sin embargo, recalcó que la Cámara Alta debe asegurarse que el dinero llegue directamente al Programa de Educación Especial y que no se quede a nivel central en la agencia porque “estos niños son tan iguales como todos”.

De forma similar se expresó el senador José Vargas Vidot quien definió la Resolución senatorial como una de “justicia social”.

“Este Senado no debe rendirse ante una Junta. La aprobación de este Fondo es una buena noticia, es una excelente noticia”, dijo Vargas Vidot.

Consolidan derechos de maestros

Por otra parte, y en la continuación de temas de educación pública, fue aprobado el Proyecto del Senado 1124 que consolida en un documento todos los derechos de los maestros del sistema público de enseñanza en la ‘Carta de Derechos del Maestro’. Esta medida fue aprobada por unanimidad.

El Presidente del Senado informó que la medida “no discrimina contra nadie por ninguna circunstancia”. “La legislación aprobada aquí cubre a todos los sectores desde lo más liberales hasta los más conservadores”, aclaró.

En su alocución el senador Eduardo Bhatia Gautier sentenció que debe “quedar claro que ningún derecho que existe hoy para un maestro está siendo enmendado con esta ley que no es limitar derechos, es ampliar derechos”.

Mientras, el senador Dalmau Ramírez expresó que la aprobación de esta pieza legislativa, “es un paso en la dirección correcta”.

“Nosotros sabemos que en la ejecución el maestro no solo enseña, sino que en muchos casos es padre, madre, conserje, director, etc y cumple con funciones que le impone el Departamento. Creo que esta Carta de Derechos es una manera de honrar y darle más herramientas a ese funcionario para protegerse contra abusos y contra discrimen”, añadió el senador independentista.

Precisamente sobre estos “abusos” y “discrimen” de los que habló el senador Juan Dalmau, el senador y maestro, Luis Daniel Muñiz Cortés, argumentó que ante las persecuciones que enfrentan los maestros “esta medida se atempera a nuestros tiempos”.

Para el senador José Vargas Vidot, el Proyecto del Senado 1124, esta Carta eleva “lo que se ha luchado a nivel sindical y se expresa ya como ley”.

La aprobación de estas piezas legislativas se da justo el mismo día en que se inauguró una biblioteca tecnológica en la escuela Montessori Luis Llorens Torres adoptada por el Senado desde el 2017. Allí, todos los trabajos de remodelación y reconstrucción en todos los lugares de la escuela, realizados por el Senado y varias agencias asciende a $442 mil. De hecho, Rivera Schatz anunció que también adoptará la escuela pública República del Perú.

Evalúan legislación sobre “rape kits”

Un informe de las Comisiones de Seguridad Pública y de Revitalización Social y Económica sobre la crítica situación que se ha vivido en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) sobre la situación actual de los ‘rape kits’ concluyó que en la Isla no existe legislación para regular un inventario de los mismos en la Isla.

“La legislación al respecto debería regular los tiempos límites para recoger los “rape kits” que tengan el consentimiento de la víctima por parte de la policía en un periodo de 72 horas. Se sugieren quince 15 días para entregarlo al NCF. El tiempo límite para analizar los “rape kits” debe ser un máximo de seis meses o antes de requerirlo el proceso judicial”, se lee en el Informe Final suscrito por los senadores Henry Neumann Zayas y Zoé Laboy Alvarado.

También concluye que el personal de la sección ADN y Serología del NCF es limitado en proporción a las solicitudes de análisis para los casos que se ventilan en los tribunales. “Es necesario el desarrollo de un plan de acción para analizar los casos que no van a verse en los tribunales, bien sea porque la victima desistió, no tiene interés en un mecanismo procesal o porque los “rape kits” no cumplen con los requisitos mínimos para el análisis por haberse recopilado la evidencia luego de haber transcurrido más de 72 horas de la agresión sexual

Presidenta de la AMPR entrega su renuncia

Luego de que Metro PR, publicara una reseña en la que explica que su esposo, hijas y hermanas, tuvieran contratos con el Departamento de Educación (DE), la presidenta de la Asociación de Maestro de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, presentó su renuncia ante la junta de la gremio.

Mañana la AMPR tendrá una reunión en donde determinarán si aceptan o no la renuncia de Díaz, quien lleva alrededor de 17 año dirigiendo la asociación.

En la reseña de Metro, se explicaba que el DE había tenido 12 contratos durante 8 años con la suma de $4.7 millones, al proyecto, Desarrollo Educativo y Aprendizaje, el cual preside el esposo de Díaz, Eusebio Rodriguez.

También revelaron evidencia la cual Díaz confirmó en una conferencia de prensa, de que su hija había tenido contratos como consultora administrativa por $124,000 desde 2014 hasta 2015.

“Me doy cuenta que primero es la familia, que yo he abandonado por atender esto”, afirmó la presidenta del grupo sindical.

Confirmó a Telemundo que citó a la Junta de Directores para el martes: “Aunque tengo que ir a una asamblea, citaríamos a una asamblea en 10 días”. Dijo que su esposo está recién operado del corazón.

Al revelarse en informes de prensa que, además, su hija administra el Hospital del Maestro, entidad adscrita a la Asociación, la presidenta del sindicato dijo que pidió a su hija que abandone el puesto.

En la entrevista televisada, la dirigente de la AMPR volvió a reiterar su postura de que no existe conflicto de interés con que su esposo tenga contratos. “Esas propuestas van en sobres sellados a un comité que nosotros no sabemos quién es”, expuso Díaz.

Darán aumento a maestros que trabajen en Culebra

La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, anunciaron hoy un incentivo para que maestros trabajen en Culebra ante la falta de personal en las escuelas de ese municipio.

El incentivo será de $700 para maestros y maestras que decidan ubicarse en Vieques o Culebra. Para quienes quieran viajar diariamente, el incentivo será de $300.

En el municipio de Culebra faltaban hasta ayer cinco maestros: dos de Educación Especial, uno de Química, uno de Inglés y uno de Español.

Cancelan contratos en el Departamento de Educación

El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández canceló varios contratos que no son esenciales para el sistema educativo, según su criterio.

Aunque no adelantó cuántos contratos elimininó ni a quienes, ni cuánto se ahorraría el Departamento de Educación, informó que no son contratos relacionados a la transportación.

El secretario añadió que los contratos a los servicios directos a los estudiantes se van a mantener y los que son discrecionales, que no son esenciales, no van a estar en el sistema educativo.

Educarán a maestros para defender sus pensiones

La Asociación de Maestros de Puerto Rico, estará visitando desde esta semana las diferentes regiones para educar a sus miembros sobre la propuesta tentativa para evitar que las las pensiones del magisterio queden desprotegidas durante los procesos para resolver la deuda de Puerto Rico.

Este acuerdo tentativo, está sujeto a la ratificación por parte de los maestros en una votación secreta, la cual se llevará a cabo desde el próximo 10 de junio. Este acuerdo deberá ser aprobado como parte del Plan de Ajuste ante el tribunal federal. El acuerdo tentativo, busca garantizar a los maestro activos una pensión asegurada y que el fondo de pensiones actual sea convertido en un fideicomiso en el cual los maestros tengan participación.

La secretaria general de la Unión AMPR-Local Sindical, mencionó que en este proceso, la asociación sostiene su rechazo a cualquier recorte en las pensiones. Sin embargo, en los procesos de quiebra las partes tienen que luchar y negociar para conseguir todo lo que se pueda. “Este acuerdo tentativo es el producto de ese proceso de lucha”, añadió Toledo.

“Un engaño” el aumento establecido en el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal.

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, declaró que el aumento de $500 anuales para los maestros del sistema de escuelas públicas que forma parte del plan fiscal aprobado ayer por la Junta Federal de Control Fiscal “constituye un acto de cinismo y un engaño descarado.”

“La junta impone un plan fiscal que implicará el empobrecimiento de la gente y el deterioro progresivo de la situación económica del País. El objetivo será pagarles a los bonistas buitres a costa del pueblo. En el caso de los maestros anuncian un ridículo aumento de $500 anuales, $41.67 mensuales que será cancelado por las otras medidas de llamada austeridad extrema”, expresó.

Martinez explica, que la Junta de Control, sin contar con el gobierno de Ricardo Rosselló, pretende eliminar el bono de navidad, lo que dejaría sin ningún efecto el aumento propuesto en el plan fiscal.

“En Adición, determina que a partir de 2020, se deje sin un retiro de beneficios definidos al magisterio, lo que convertirá en miserables las pensiones de los docentes y demás trabajadores del gobierno”, afirmó en declaraciones escritas.

En ese aspecto, recordó que el sindicato ha presentado una propuesta de un sistema de retiro unificado que consolidaría las pensiones de los empleados del gobierno central, el magisterio y la Judicatura. Además, han planteado que el sistema de pensiones debe incluirse como un servicio esencial por encima del pago de la deuda. “El plan fiscal aprobado mantiene el recorte y reducción de las pensiones ya existentes, elimina los beneficios de retiro por incapacidad y la compra de años cotizados de servicio en otras agencias”, sostuvo.

Martínez Padilla convocó a los maestros y maestras a “no dejarse tomar el pelo por una junta de banqueros y empresarios que nadie eligió y un gobierno incapaz de defender a la gente. Podemos vencer las medidas de austeridad si nos unimos y resistimos”.

De igual forma, Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, indicó que el sindicato aboga por un aumento salarial para los educadores de $500 mensuales y no anuales como aprobó la junta fiscal.

“El presupuesto aprobado no da para cubrirlo. Reclamamos sea revisado el plan de la Junta de Control Fiscal para hacerle verdadera justicia al magisterio y detener la fuga de talento. Los maestros llevan años sin una remuneración justa. Es tiempo de que reconozcan la importancia que tiene el magisterio y la educación para un pueblo. Ese aumento no debe ser anual porque luego de las deducciones el maestro se queda con prácticamente nada”, comentó Díaz en declaraciones escritas.