Pa’ la calle residentes de Vivienda Pública si se consuma el contrato de LUMA y AEE

Líderes de residenciales públicos advirtieron por medio de una carta abierta que se tirarán a la calle a protestar si se consuma el contrato entre LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Esta situación nos toca muy de cerca a los residentes de vivienda pública, sabiéndonos somos el único sector que si le suspenden el servicio eléctrico pierde su vivienda.  Esto va atado a la posibilidad que si este acuerdo se valida LUMA tendrá la potestad de crear la política pública que estos entiendan pertinente dentro de la corporación.  En primera instancia habrá un aumento en el costo del servicio en los primeros seis (6) meses de haberse concretado la aprobación del contrato.  Si fuera poco quedará latente la posibilidad que eliminen el subsidio de nuestro sector.  Obvio que siendo un negocio estos no pretenden ser benefactor de nadie, dónde quedarán esos sectores vulnerables a los que los gobiernos tanto aluden.  En plena temporada de huracanes, con una sequía, en pandemia y con la posibilidad que continúen los temblores, quién sería el ganador en este contrato, a quién beneficia este acuerdo, es notable que no es a las personas más vulnerables”, señalaron.

Añadieron en su misiva que “es importante señalar que como parte de los términos de este contrato se establece que el mismo será por 15 años y que LUMA puede prescindir del mismo solo con ciento veinte (120) días de anticipación.  Dónde dejaría esto a los ciudadanos de este país, cuando en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe y LUMA simplemente no va a responder, de acuerdo con los términos del contrato que así lo establecen”.

Los líderes hicieron un llamado a todas las partes que tengan inherencia en este asunto a que antes de tomar una decisión, tomen en consideración como ha aumentado de manera exponencial la pobreza en nuestro país a raíz de todas las situaciones que hemos atravesado como pueblo.  

“No es sensato, prudente y es innecesario que se continúe permitiendo los aumentos a la carga económica a los ciudadanos, al final las comunidades más vulnerables terminan siendo las más afectadas.  Es importante recordar que como todo ciudadano nuestras comunidades acuden a las urnas y estaremos vigilantes a las acciones que se tomen adversas a nuestros sectores”, concluyeron.

CPT apoya a trabajadores de AEE en la lucha para combatir la privatización

San Juan – La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) expresó su “rechazo al contrato de $1,500 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy y se unió a los trabajadores de la UTIER, la UITICE y la UEPI para participar de las acciones necesarias en contra de la privatización de la AEE y de los que buscan generar ganancias desangrando el bolsillo del pueblo.

El Presidente de la CPT, Emilio Nieves Torres, señaló que “es evidente la intención de LUMA para generar ganancias, no mejorar el servicio al pueblo. Para LUMA su prioridad no es analizar las necesidades de nuestro sistema eléctrico y los pasos encaminados hacia la energía renovable. Ya reconocieron públicamente que su prioridad es analizar los ingresos y gastos de la corporación pública. De este modo quieren identificar su margen de ganancias. A esto se añade, que LUMA puede solicitar una revisión tarifaria, lo cual abre la puerta a aumentos en la factura de la AEE y esto implica aumentos en cadena en todos los reglones de consumo y servicios que necesita el pueblo.”

Nieves Torres añadió que “este contrato entre la AEE y LUMA es un asalto al bolsillo del pueblo que pretende durar 15 años, lo cual podría convertirse en un aumento escalonado y anual. La realidad objetiva es que toda privatización encarece los costos de los servicios. Ha sido evidente en las telecomunicaciones, la salud, los peajes y el aeropuerto, entre otros. Los servicios esenciales no pueden privatizarse, sino administrarse con transparencia y en coordinación con los trabajadores que tienen la preparación y la experiencia para la transformación de la AEE.”

Como educador, Emilio Nieves puntualizó que el contrato con LUMA desplaza la política pública de movernos hacia la energía renovable. “El gobierno se ha caracterizado por educar en las escuelas públicas y las universidades para la transformación de energía fósil a energía renovable, pero ejecutan acciones contrarias a esa educación. Es decir, el gobierno traiciona lo que se enseña en el sistema educativo y se une a los que buscan continuar con el negocio para generar ganancias con carbón, petróleo y gas. El Puerto Rico que tenemos que construir tiene que dirigirse, sin desviarse, hacia las fuentes de energía renovable: solar, eólica, entre otras.”

“Tenemos que unirnos a los trabajadores de la AEE para detener no solo la privatización de energía eléctrica, sino descartar la visión neoliberal del gobierno y de la Junta de Control Fiscal que persiguen privatizar otros servicios esenciales como el servicio de agua y la educación,” concluyó el líder sindical.

Empleados de Hacienda reclaman bono por labores en medio de la pandemia

Empleados del Departamento de Hacienda pidieron a la gobernadora Wanda Vázquez se les incluya en las bonificaciones otorgadas a los empleados que han trabajado durante la emergencia del Covid-19.

Asimismo, le exigieron al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, a pagar el bono de productividad que alegaron se les adeuda desde el 2012 y a discutir con el sindicato los protocolos para evitar el contagio del coronavirus en la agencia.

Al momento la agencia no ha precisado si hará el proceso a través de SURI, como lo ha hecho para el desembolso de otros incentivos federales y estatales

“Le estamos pidiendo a la Gobernadora, ya que está repartiendo dinero a todo el mundo, les dé a los empleados de Hacienda, que desde el día uno de declarada la pandemia están trabajando para que las personas reciban sus incentivos federales, la misma bonificación que se les ha otorgado a otros trabajadores que han laborado durante esta emergencia. ¿Cómo es posible que a los empleados que están día a día metiendo mano y desembolsando todas estas ayudas no los hayan tomado en consideración para esta bonificación?”, cuestionó Jessica Otero, presidenta Unión Empleados Hacienda, local 2373 de la Unión Auto Workers (UAW).

Destacan labores durante emergencia del COVID

La líder sindical explicó que estos empleados han continuado trabajando durante la pandemia con las radicaciones de planillas sobre ingresos, el desembolso de los reintegros y el desembolso de los incentivos federales y estatales que se han aprobado bajo la ley CARE Act.

Del mismo modo, Otero indicó que a los empleados del Negociado de Recaudaciones de Hacienda se les debe el pago del bono de productividad aprobado desde el 2012.

“El discrimen salarial con estos empleados de Hacienda llega a tal nivel que un bono de productividad que está aprobado y presupuestado desde el 2012 para los empleados del Negociado de Recaudaciones aún se lo deben. No les dan los incentivos por el Covid-19, pero tampoco les dan los que ya tienen aprobados. A los auditores, que son parte esencial de esta agencia, porque son los que buscan las deudas de contribuyentes al Departamento, también los tienen en el olvido, hace años ni aumento le han dado. Tampoco conocemos el estatus del plan de reclasificación y retribución que ya se entregó, pero ahora está en manos de la Junta de Control Fiscal”, puntualizó.

Aseguran la agencia no ha discutido protocolos ante el COVID

Por otra parte, Desiré López, Representante Internacional de UAW enfatizó que el secretario del Departamento de Hacienda Francisco Parés aún no ha discutido con el sindicato los protocolos establecidos por la agencia para prevenir el contagio del coronavirus.

“Como es de todos conocidos la propia gobernadora Wanda Vázquez instó a los secretarios de agencias a discutir con los gremios que representan a los trabajadores los protocolos que se han creado para evitar el contagio con Covid-19 entre empleados y contribuyentes. Al día el Secretario no se ha reunido con nosotros para tales efectos. Por lo que le estamos pidiendo se reúna cuanto antes para poder establecer dichos protocolos que velarán la salud y seguridad tanto de empleados como de ciudadanos que visiten la agencia a recibir servicios”, sentenció.

En riesgo la vida de bañistas ante falta de protocolo de COVID y equipo a salvavidas

Los bañistas que visiten los balnearios del Programa de Parques Nacionales estarían poniendo su vida en riesgo por la falta de equipos y por la inexistencia de un protocolo para evitar contagio de COVID-19 entre los salvavidas que realicen rescates de ahogamiento y la persona rescatada, denunció Antonio Cabán Collazo, presidente de la Federación Central de Trabajadores.

“No existe protocolo. No hay equipos. Si usted, Dios no lo quiera, va a uno de los balnearios del Programa de Parques Nacionales y se está ahogando al salvavidas que lo sacaría del agua no se le ha establecido un protocolo para hacer el rescate evitando el contagio del COVID-19. Mucho menos tiene los equipos necesarios para salvarle la vida. La reapertura de los balnearios se hizo sin tener este asunto en consideración lo que expone la vida de los bañistas y de los salvavidas”, explicó.

Cabán Collazo, quien fue salvavidas por más de 5 años, detalló que, de haber un ahogamiento, el salvavidas tiene que tener contacto cuerpo a cuerpo con la persona, situación que lo expondría al contagio de coronavirus. De igual forma, al sacar a la persona a la orilla no podría comenzar la resucitación cardio pulmonar, tipo boca a boca, ya que también lo expondría al contagio. Para darle los primeros auxilios los salvavidas necesitarían desfibriladores y respiradores artificiales con los que no cuentan.

“La falta de equipos no corresponde a la emergencia del COVID-19, desde hace mucho tiempo los salvavidas no tienen el equipo necesario para realizar su trabajo. No hay tablas de rescate, botiquín de primeros auxilios, no tienen uniformes, he incluso, en algunos balnearios, las torres están inservibles. Además, con la reapertura desorganizada que hicieron no están la cantidad necesaria de salvavidas requeridos por las millas de extensión de la playa. Hay balnearios con un solo salvavidas cuando debería haber mínimo cuatro. ¿Cómo ese salvavida atenderá un ahogamiento en un área lejana a donde está? La vida de los puertorriqueños está en riesgo”, puntualizó.

El líder sindical añadió que en reuniones sostenidas con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo y con el subsecretario auxiliar del Programa de Parques Nacionales, Gerardo Hernández se indicó que se cercaría el área de los salvavidas para evitar contacto con las personas, se rotularían los balnearios y habría un mensaje grabado difundido por los altavoces instando a los bañistas a utilizar mascarillas en todo momento, seguir el distanciamiento social y el lavado de manos. Al igual que habría coordinación con la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal y Manejo de Emergencias, pero nada de esto ha ocurrido.

“De todo lo que dijeron el Secretario y Subsecretario Auxiliar se iba a tener en las playas, nada ha ocurrido. Yo he visitado varios de los balnearios y no hay rotulación, no se escucha el mensaje, no hay nada. En dichas reuniones le ofrecimos varias sugerencias al director para que los bañistas puedan disfrutar su día de playa de una manera segura, como por ejemplo mover las boyas más cercanas a la orilla para que las personas pudieran utilizar su mascarilla y protegerse ellos y a los demás ciudadanos que también están en el área, pero tampoco siguieron nuestras recomendaciones”, destacó.

Los balnearios del Programa de Parques Nacionales abierto son, Boquerón en Cabo Rojo, La Monserrate, en Luquillo, Seven Seas en Fajardo, Sun Bay en Vieques, Cerro Gordo en Vega Alta, Manuel “Nolo” Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja y Caña Gorda en Guánica.

Cámara Aprueba medida para prohibir el “COVID-Fee”

La Cámara de Representantes aprobó el martes una medida propuesta por el presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez que ordena al Comisionado de Seguros de Puerto Rico a emitir toda carta normativa para que las organizaciones de seguros de salud y las aseguradoras de planes médicos emitan los pagos a los dentistas, en una tarifa de 35 dólares por concepto de equipos de protección personal y control de infecciones adicionales, recogidos dentro del código en la cubierta de beneficios como ‘D-1999’.  

Esto, por cada paciente que se realice un procedimiento dental incluido en la cubierta de beneficios.

“Un grupo de dentistas han adoptado la práctica de cobrarle directamente al paciente esta tarifa. Esto es sencillamente inaceptable. El impacto económico de la pandemia del COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad y no debe ser el paciente quien asuma el costo de los nuevos requisitos de protección personal y control de infecciones adicionales impuestos por las autoridades de salud”, señaló el presidente de la Cámara en una comunicación escrita.

Según explicó el líder legislativo, por medio de la carta Normativa 20-05-01 del 1 de mayo de 2020, la Administración de los Servicios de Salud (ASES) estableció una tarifa de 35 dólares a ser pagada a todo dentista por las Organizaciones de Manejo de Cuidado Dirigido por cada paciente que se realice un procedimiento dental incluido en la cubierta de beneficios del Plan Vital. Esta tarifa temporera estará vigente para el periodo del 4 de mayo al 17 de junio. De la misma manera, otras compañías privadas han hecho extensivo esta tarifa a los dentistas contratados con sus planes médicos.

La medida, la Resolución Conjunta de la Cámara 738, también tiene como coautores a los representantes Yashira Lebrón Rodríguez, Joel Franqui Atiles y Félix Lassalle Toro.

Las nuevas guías y protocolos establecidos por la Asociación Americana de Dentistas, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas y el gobierno de Puerto Rico, como requisito para reiniciar operaciones, así como el incremento en los niveles de seguridad de los equipos de producción y el alza en costos que estos han experimentado por la pandemia, han obligado a los dentistas a invertir miles de dólares y a reducir el volumen de pacientes que pueden atender.

Por ello, la Asociación, organismo por el que se rigen los dentistas y la ASES, establecieron el código de facturación D-1999 para que las aseguradoras cubrieran estos costos.

Técnicos dentales exigen el incetivo por COVID-19

Técnicos y asistentes dentales realizaron una protesta el pasado domingo frente al Capitolio y La Fortaleza, en reclamo de que el gobierno les otorgue el incentivo económico que concedió a los profesionales de la salud de primera respuesta ante el COVID-19.

“Estamos reclamando que ese incentivo que ahora mismo están considerando incluir a técnicos quirúrgicos, técnicos de rayos X y otros, que nos incluyan también en ese renglón porque nosotros no aparecemos en ningún lado”, dijo Ángela Marcano Pabellón, una de las portavoces de los manifestantes, algunos afiliados a la Asociación de Técnicos Dentales.

Marcano Pabellón dijo que los técnicos dentales, al igual que los dentistas, están bien expuestos al contagio del coronavirus porque trabajan directamente en la boca de los pacientes.

“Cada tres años tenemos que renovar nuestras licencias y pagarle al gobierno. Estamos reclamando la inclusión en el incentivo pues desde el día número uno muchos de nosotros no dejamos de trabajar atendiendo emergencias dentales y según estudios, la exposición nuestra al contagio del COVID-19 es de un 92.5 por ciento”, indicó.Play Video

Sostuvo que los estudios sostienen que el virus se contrae por los fluidos nasales y la saliva de la persona infectada. “Nosotros trabajamos directamente en la boca del paciente, la persona se tiene que quitar la mascarilla para nosotros trabajar”, detalló.

Dijo que el pasado 28 de mayo cursaron cartas a todos los legisladores y la gobernadora Wanda Vázquez Garced explicándoles su situación y solicitando que se les incluya entre los profesionales de la salud que ya han recibido el incentivo económico legislado.

“No hemos recibido respuesta. Sólo nos contestó el email de manera automática el senador (Eduardo) Bhatia”, sostuvo la portavoz.

Aunque por ser domingo los legisladores no se encontraban en sus oficinas, Marcano Pabón dijo que decidieron manifestarse de forma pacífica en la Plazoleta Norte de la Casa de las Leyes “para que el pueblo escuche nuestros reclamos”. Después de manifestarse en el Capitolio, los técnicos dentales partieron a pie hasta los predios de La Fortaleza.

Sostuvo que en Estados Unidos, el higienista (técnico dental) está en el primer grupo de riesgo, mientas que “aquí no se ha hecho ningún estudio que diga donde caemos nosotros”.

En días pasados, otros grupos de profesionales de la salud como los paramédicos y técnicos de emergencias médicas privadas y los que laboran a nivel municipal también demandaron ser incluidos en los incentivos de la pandemia.

Mediante legislación, el gobierno otorgó un bono de $3,000 a médicos, enfermeras, tecnológos médicos y otros profesionales de la salud, entre los que fueron incluidos solamente los paramédicos estatales del Negociado de Emergencias Médicas.

La semana pasada el Senado aprobó una resolución conjunta que incluye a los terapistas y asistentes de terapia física entre los trabajadores del sector público y privado que recibirían un incentivo económico por su trabajo de primera respuesta en la emergencia salubrista.

El incentivo será no menor de $1,000 ni mayor de $2,500. Antes de ser aprobada la medida, el grupo Tecnólogos de Imagen de Diagnóstico y Tratamiento, que incluye a técnicos quirúrgicos y terapistas respiratorios, marcharon hasta La Fortaleza en reclamo de que les otorguen estas ayudas.

La medida, de administración, está pendiente en la Cámara y de ser firmada por la gobernadora, recibirán el incentivo económico, técnicos quirúrgicos, tecnólogos radiológicos, tecnólogos en tecnología computarizada, sonografistas, empleados carreros, terapistas físicos, asistentes de terapia física, como trabajadores hospitalarios y/o de la salud, en alto riesgo y de primera respuesta ante la pandemia que ha ocasionado el coronavirus.

Exigen justicia para enfermeros del Centro Médico Correccional

El representante de la Asociación Bonafide de la Unión Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES) en el Centro Médico Correccional de Bayamón, Julio Pizarro Valdés urgió el miércoles a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced a que le haga justicia al personal de enfermería que labora en dicho centro de trabajo.

“En días recientes le cursó una comunicación a la gobernadora exponiéndole que el sistema de clasificación del personal de enfermería en la Administración de Corrección tiene un atraso de más de 20 años, lo que impide al personal de enfermería beneficiarse de las claras disposiciones de la Ley de Personal de Puerto Rico. A manera de ejemplo señaló que por los últimos 20 años la Administración de Corrección no ha abierto convocatorias oficiales a nuevos puestos de enfermería ya sean transitorios o regulares”, dijo en declaraciones escritas, Pizarro Valdés, quien es enfermero en el dicho centro.

El líder obrero alegó que el personal de enfermería de la Administración de Corrección presta servicios por muchos años y que nunca son reclasificados, a pesar de mejorar profesionalmente al obtener grados de bachillerato y maestría.

Alegó también que los profesionales de enfermería en la Administración de Corrección tienen que renovar anualmente las colegiaciones y sus licencias mediante la educación continua que le exige la ley, pero no son reclasificados en sus puestos. Contrastó que los oficiales de custodia son reclasificados constantemente, lo que es justo, pero al personal de enfermería no se le reclasifica, lo que calificó como un discrimen y la negación de la igual protección de las leyes.

“La Administración de Corrección nunca ha creado un sistema de clasificación para los trabajadores de la salud que le prestan servicios, lo que se ha convertido en un obstáculo para hacer justicia a las enfermeras y enfermeros”, alegó Pizarro Valdés.

“La Asociación Bonafide ULEES le está solicitando a la gobernadora que ordene al Administrador de Corrección la apertura de convocatorias a plazas de enfermería y que se reclasifique en su puesto a todo ese personal. Las enfermeras de la Administración de Corrección que se han superado a nivel académico y profesional deben ser recompensados en términos de clasificación, lo que redundará en ofrecer mejores servicios a la población penal. Esta solicitud de reclasificación producirá aumentos salariales para el personal, lo que mejorará su calidad de vida”, finalizó.

No se registran muertes por COVID-19 en la isla

El Departamento de Salud registró 61 nuevos casos únicos positivos de COVID-19 mientras no reportó ninguna muerte.

El Sistema de Vigilancia, al momento de emitir el reporte, no registró decesos; mientras, el Registro Demográfico tampoco reportó muertes mediante criterio clínico y documentadas por un profesional médico en actas de defunción, según sugerido por las guías del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades -CDC, por sus siglas en inglés-.

Sin fatalidades añadidas, el total de los decesos registrados a través del Sistema de Vigilancia permanece en 63 y las reportadas a través del Registro Demográfico, suman 79. “Es importante recordar que cualquier fallecimiento registrado luego de emitido el reporte, se verá reflejado en informes posteriores”, apuntó Salud.

Al momento de emitir el reporte, se registraron 9 casos positivos bajo pruebas moleculares, por lo que el total de resultados únicos positivos reportados bajo esta variable es 1,373.

De otro lado, el total de los resultados de pruebas serológicas registrados en el último informe es 52, para un total de 3,673.

De esta totalidad de casos únicos positivos, 2,594 corresponde a mujeres y 2,452 a hombres.

Resumen del reporte del Departamento de Salud:

Casos únicos positivos añadidos por pruebas moleculares: 9

Total de casos únicos positivos a pruebas moleculares: 1,373

Casos únicos positivos añadidos por pruebas serológicas: 52

Total de casos únicos positivos a pruebas serológicas: 3,673

Total de casos únicos positivos: 5,046

Decesos añadidos por Registro Demográfico: 0

Total de decesos por Registro Demográfico: 79

Total de decesos añadidos por el Sistema de Vigilancia: 63

Total de muertes reportadas: 142

Enfermeros del sector privado comienzan a recibir el incentivo

La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó el desembolso de incentivos por más de $69 millones para miles de enfermeros y enfermeras, tecnólogos médicos y médicos residentes del sector privado, activos en la lucha contra el Covid-19.

“En esta ocasión, pagamos $69,109,000 a 24,231 trabajadores del sector privado que completaron la solicitud disponible desde el pasado sábado, a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), del Departamento de Hacienda”, explicó Vázquez Garced.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que el desembolso para los profesionales de la salud del sector privado representa un 70% del estimado total del incentivo.

“Estimamos que 35,000 profesionales de la salud de este sector son elegibles para el incentivo, por lo que estamos cerca de completar los pagos que continuarán procesándose mientras vayan completando las solicitudes”, sostuvo.

Para solicitar el incentivo, las personas que no tengan cuenta en SURI, podrán entrar a la página principal y en el área de ‘Enlaces rápidos nuevos’, seleccionar ‘Incentivo Profesionales de la Salud – Sector Privado’ e ingresar la información. Los que tienen sus cuentas de SURI, podrán proveer la información usando el menú de Alertas y el enlace titulado ‘Incentivo Profesionales de la Salud – Sector Privado.

El secretario añadió que estos profesionales fueron identificados por el Departamento de Salud, de acuerdo a su base de datos de profesionales con licencias activas durante la emergencia declarada por el Covid-19. Si la información del Individuo Elegible no concuerda con la base de datos provista, el sistema no le permitirá completar el proceso y en esos casos, deberá someter una solicitud de reclamación al Departamento de Salud, a través de correo electrónico incentivoprofesionales@salud.pr.gov.

Compañía mantendrá sus empleados trabajando desde casa

A pesar de que en el país ya comenzó la segunda fase de reapertura de establecimientos y el regreso escalonado al trabajo, la compañía Kimberly-Clark anunció que mantendrá su personal administrativo y de ventas trabajando desde sus hogares, ya que la salud y seguridad de sus colaboradores, familias y consumidores sigue siendo prioridad.

La compañía detalló que desde los inicios de la crisis mundial generada por el COVID-19, tomó la decisión de enviar al 100% de su personal administrativo y de ventas a trabajar a distancia desde sus hogares, además de implementar una serie de iniciativas en sus oficinas, fábricas y centros de distribución; para cumplir con las directrices del gobierno y las autoridades de salud a nivel global y local.

Según informaron la determinación del trabajo a distancia permanecerá y solo el personal de las plantas y centros de distribución se mantendrá asistiendo a su lugar de trabajo.

Kimberly-Clark añadió que para mantener el trabajo a distancia la empresa dio a sus empleados entrenamientos en temas de crisis, recomendaciones de ciberseguridad, conectividad, lineamientos de uso en redes sociales y charlas de salud sobre el Covid-19.

Las compañías no están exentas de promover los protocolos para prevenir el COVID-19, por esta razón Kimberly-Clark ha implementado importantes medidas con todos sus colaboradores. “Hemos actuado con rapidez para retrasar la continua propagación del virus, pues la salud y la seguridad de nuestros consumidores, colaboradores, socios y comunidades es nuestra prioridad número uno. Al mismo tiempo, aseguramos que la continuidad de la operación no se vea afectada; tenemos el compromiso de brindar bienestar a las personas y proporcionar productos esenciales de higiene para que su calidad de vida no se vea afectada”, afirmó Ailsa Valledor, Gerente General de Kimberly-Clark Puerto Rico & Caribe.

La compañía cuenta con más de 2,000 de colaboradores en las plantas en Puerto Rico y centros de distribución de los cuales un porcentaje fue enviado a sus hogares, debido a que se encontraban dentro de la población de alto riesgo; el 100% mantiene su trabajo a distancia.

“Durante 148 años, Kimberly-Clark ha cumplido el compromiso de mejorar la vida de las personas y brindarles lo que les es esencial. Y en este momento desafiante, este compromiso nunca ha sido más fuerte”, explicó Gonzalo Uribe, vicepresidente de la región norte de Latinoamérica de Kimberly-Clark.

Informaron, además, que en las plantas y centros de distribución se reforzaron las medidas de limpieza y seguridad a través del distanciamiento social en las cafeterías y camiones. Se les brindó equipo especial de guantes y mascarilla al personal y se realizaron rotaciones de turnos y escaneos de temperatura en los puntos de entrada. De igual forma se ha reforzado el lavado de manos y uso de gel antibacterial.

La compañía también les ofrece a sus empleados licencias de ausencia de emergencia, asistencia médica en línea, un programa de apoyo emocional; así como pautas de accesibilidad para visitantes, restricciones de viajes, entre otras.  

“Agradecemos el compromiso de nuestros más de 4,500 empleados de toda la región, que durante esta situación tan crítica han dado lo mejor de sí mismos, y también a nuestros socios y consumidores por inspirarnos todos los días. #JuntosIremosAdelante para asegurarle a las personas que cuenten con los productos esenciales en este momento que tanto lo necesitan”, puntualizó Uribe.

La compañía recientemente realizó una donación a través del Banco de Alimentos de Puerto Rico, entregando 800 cajas de productos entre los que se encuentran pañales y toallitas húmedas.